Financiamiento de la protección social frente a los Eventos de Enfermedad

En Latinoamérica se privilegió el financiamiento de la protección frente a eventos de enfermedad con el uso de cotizaciones obligatorias indexadas a los salarios de las personas, al estilo Bismark, producto de lo cual surgió un segmento de la sociedad que se beneficia de los llamados sistemas de seguridad social: los trabajadores con empleo formal.

Sin embargo, esos trabajadores no siempre tienen un sistema único y solidario, observándose una realidad diversa. El caso clásico de segmentación de beneficiarios de la seguridad social es el Argentino, con sus “Obras Sociales”: cada gremio resolvió el asunto a su modo, obteniéndose solidaridad de ingresos y riesgos sólo dentro de cada grupo, los que presentan distintos niveles de disponibilidad de recursos y “pooles de riesgo” de distinto tamaño y eficacia.

En Chile los obreros e indigentes tuvieron una solución diferente a la de los empleados hasta fines de los 70, cuando fueron unificados por las reformas del gobierno militar. A partir de ello surgieron las Isapre, seguros de salud de carácter individual, sin solidaridad de ingresos ni riesgos, los que sin embargo se financian usando la cotización obligatoria para salud. Aquí cada familia es un segmento.

Por otra parte, quienes han resuelto sus problemas de salud voluntariamente han estimulado en la práctica el desarrollo de seguros de salud convencionales. Los consumidores de estos seguros pueden estar adscritos también al sistema de seguridad social si tienen empleos formales, tomando estos seguros como complementos o como sustitutos. En la actualidad en el caso chileno la clase media, beneficiaria de Isapres o del seguro público (FONASA), ha empezado a recurrir a estos productos para mejorar su cobertura financiera.

Simultáneamente, de la capacidad y progresividad de la recaudación de impuestos generales y de la buena focalización de su uso dependen los recursos para salud que van hacia los pobres o indigentes, los que suelen estar bajo la tutela de los Ministerios de Salud, quienes deben identificar a la población objetivo de estos “subsidios”. Es decir, en Latinoamérica los indigentes conforman otro segmento. En el caso chileno, los indigentes están adscritos al sistema público desde la creación del SNS en los 50 (hoy grupo A de FONASA).

El uso de cotizaciones obligatorias para salud ha operado en la práctica como un elemento segmentante, a veces limitando en forma seria la posibilidad de hacer solidaridad de ingresos y riesgos. Han sido una especie de “coto de caza” de grupos interesados del sector.

En Chile se ha llegado al punto de considerar que las cotizaciones obligatorias para salud son recursos de apropiación individual. ¡Las cotizaciones en exceso son devueltas a los individuos a una cuenta propia!. Es decir, son recursos “libres” de toda obligación de solidaridad, al punto que se destinan a financiar planes con tarifas establecidas en función de los riesgos de cada grupo familiar, generándose de todas formas un fenómeno de cautividad que ya se ha venido discutiendo. Esta es precisamente la materia que está siendo juzgada por el Tribunal Constitucional

La pregunta es si acaso nuestro país, flamante miembro de la OECD, no habrá llegado a un punto tal de madurez y desarrollo como para superar su historia y plantearse la posibilidad de un sistema de salud basado en un modelo de protección universal, financiado completamente con recursos generales de la nación.

Dr. Marcos Vergara, académico de la Escuela de Salud Pública, Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.