Propuesta del
Consejo de Defensa del Estado


Con la convicción de que los familiares de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos deben recibir una compensación monetaria, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) propuso al Presidente de la República entregar indemnizaciones extrajudiciales a los deudos, así como garantizar un defensa efectiva de los inculpados, para avanzar en el esclarecimiento de los casos.

El CDE aclaró que la intención de la proposición no es intervenir en los procesos judiciales, sino evitar la situación que se da hoy en día, en que la institución debe alegar contra las demandas civiles que presentan los familiares, porque la obligación que le impone la ley de resguardar el patrimonio fiscal.

La iniciativa fue presentada en agosto del 2000, pero fue reactivada en las últimas semanas cuando la presidenta del CDE, Clara Szczaranski, le envió una carta al Presidente Ricardo Lagos reenviándole el proyecto de ley que entregó el 3 de agosto del año 2000 al Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

En dicha carta la titular de ese organismo fundamenta las razones que llevaron al CDE a presentar el proyecto que, ni en ese momento ni hasta la fecha, por lo menos públicamente, ha sido considerado o analizado por las autoridades de gobierno, corriendo la misma suerte que la propuesta presentada casi tres años después -aunque en distintos términos- por Luciano Fouillioux.

El proyecto de ley contempla la vía administrativa y no judicial y busca resolver temas como la prescripción, la prueba procesal del daño moral o los montos acordes con la jurisprudencia chilena aplicada a los restantes ciudadanos por daño moral.

El CDE incluye a los cónyuges, padres e hijos- de personas que murieron por la acción de los organismos de represión del gobierno militar y cuya situación esté establecida en el informe de la Comisión Rettig.

Los montos de las indemnizaciones que propuso en 2000 el CDE, sujetos a revisión según la institución, son:

· Para cada padre o madre de la víctima y por cada hijo mayor de 18 años: 20 millones de pesos.

· Para la cónyuge y cada hijo menor de 18 años: 30 millones de pesos.


En materia penal, el CDE establece claramente que no puede existir una vinculación entre las reparaciones económicas y el desarrollo de los procesos judiciales.

Sin embargo, expresa su intención de que quienes son imputados por crímenes contra los derechos humanos durante la dictadura militar tengan una defensa eficaz y profesional, para que exista un real avance en los procesos.

En este caso se propone que sea el ministerio de Justicia quien examine los antecedentes, acepte o rechace y ordene el pago del dinero cuando así proceda. Establecía también que "el plazo fatal" para efectuar la presentación sería de un año a contar de la entrada en vigencia de la ley, "transcurrido el cual no podrá reclamarse del Estado prestación voluntaria por daños de cualquier especie ocasionados por órganos de Estado o de personas dependientes o vinculadas a estos".

La propuesta entregada en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia consta también de un artículo único, destinado a lograr una solución administrativa a las demandas de indemnización de perjuicios, mediante una modificación a la ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Para ello se incluía el artículo 44 bis, mediante el cual se establecía que "toda acción civil de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual "requerirá del agotamiento previo de la vía administrativa, la que se ejercerá mediante la presentación de la correspondiente solicitud de reparación de daños, ante el jefe de servicio tratándose de entes centralizados y ante el correspondiente ministerio" en los otros casos.

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