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Poco antes de las 21 horas del martes 12 de agosto, el Presidente Ricardo
Lagos se dirigió al país para dar a conocer los detalles
más importantes de la propuesta del Gobierno en torno a una solución
al tema de los derechos humanos, la cual calificó como "un
paso más" y no como una solución definitiva.
"Un paso más en este difícil camino con cuyo tránsito
la sociedad chilena intenta mirar de frente ese momento de nuestra historia,
y vivir cada día con mayor madurez el dolor que Chile lleva en
su alma".
"En verdad, nunca podrá haber solución definitiva
para una situación como la que vivimos. Lo que podemos hacer,
lo que tenemos que hacer, es continuar avanzando, por cierto que con
mayor decisión y participación de todos, pero no para
dar propiamente con una solución, con un cierre definitivo del
problema, sino para llegar a un punto de máximo acuerdo, de máxima
verdad, de máxima justicia, de máxima reparación".
"Después de escuchar a tantas personas y grupos, me asiste
la convicción más profunda de que los objetivos de verdad
y de justicia son moralmente irrenunciables. Además, reitero
la convicción que sólo los Tribunales de Justicia constituyen
la instancia para avanzar en la verdad y en la aplicación de
la justicia de acuerdo a la ley vigente".
"En consecuencia, -señala el documento- mi gobierno no
se hace cargo de ninguna propuesta que signifique establecer punto final
a los procesos, ya sea porque son propuestas moralmente inaceptables,
o bien, jurídicamente ineficaces. Asimismo, deja en los tribunales
la interpretación respecto de la Ley de Amnistía".
El
texto, que se mantuvo en estricta reserva por varias semanas, venía
delineándose desde hace ya casi dos meses y fue dado a conocer
en vísperas del paro que convocó la Central Unitaria de
Trabajadores.
El 27 de mayo pasado el Presidente Ricardo Lagos decidió iniciar
una ronda de audiencias con diversos actores de la sociedad para abordar
el complejo tema de los derechos humanos, que se reabrió, tras
una demanda planteada a la UDI por 8 familias de ejecutados de Pisagua.
Las diversas fórmulas que se propusieron fueron examinadas por
el grupo de trabajo del programa de derechos humanos que funciona al
alero del Ministerio del Interior.
Los integrantes de este equipo de trabajo fueron: el subsecretario del
Interior Jorge Correa Sutil -quien tiene a su cargo la coordinación
de la redacción de la propuesta; Elizabeth Lira, sicóloga
que integró la mesa de diálogo; la abogada y secretaria
ejecutiva del programa de DD.HH. de la cartera de Interior, Raquel Mejías;
los abogados José Zalaquett, Álvaro Varela y la asistente
social y asesora presidencial, María Luisa Sepúlveda.
Este proceso de recopilación de antecedentes y revisión
de las distintas propuestas concluyó el 1 de julio y ya
el fin de semana del 19 y 20 de julio el Presidente Lagos tenía
en sus manos el borrador de la propuesta que que el ministro Insulza
le había entregado.
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