Puntos clave


1. Cooperar a la acción rápida de la justicia.

· Insistir en la solicitud de designación de ministros en visita, o de jueces de dedicación exclusiva o preferente, para conocer de los casos de derechos humanos.

· Acumulación de procesos.


2. Legislar para agilizar las investigaciones judiciales y acelerar la entrega de la información: Orientadas a distinguir las responsabilidades de quienes organizaron y planificaron la represión, dieron las órdenes, dirigieron la ejecución de los crímenes o los ejecutaron directamente con consentimiento, de aquellos que participaron en ellos porque no tenían alternativa de negarse, el gobierno enviará al Congreso Nacional tres iniciativas legales fundadas en ese concepto que precisará en los mensajes que precederán tales proyectos.

a) Introduce modificaciones en los códigos respectivos, aplicables a los procesos en que se investigan violaciones a los derechos humanos, que dispongan lo siguiente:

· Otorgar inmunidad penal a quienes, sin estar imputados ni procesados, se presenten voluntariamente a los Tribunales de Justicia y proporcionen antecedentes acerca del paradero de la víctima o de las circunstancias de su desaparición o muerte.

· Rebajar o conmutar penas que resulten aplicables a los cómplices y encubridores que, después de habérseles imputado responsabilidad y antes de la dictación de la sentencia de término, entreguen al tribunal respectivo antecedentes o pruebas que sirvan eficazmente para determinar los hechos o individualizar a quienes participaron en ellos.

· Conmutar penas por más de un delito para quien, hallándose ya procesado o condenado, entregue antecedentes de los señalados sobre otros delitos que lo incriminen.

b) Facilita la obtención de la información:

· Facultando a los Tribunales de Justicia para requerir documentos referidos a la época en que ocurrieron los hechos y que son calificados de secretos por el Código de Justicia Militar, sin perjuicio de las especiales medidas de reserva que deban adoptarse respecto de los mismos.

· Otorgando al organismo de derechos humanos que se creará, la facultad de hacerse parte en los procesos relacionados con la muerte o desaparición forzada de personas y que por este solo hecho tendrá conocimiento del respectivo sumario.

c) Establece normas procesales que permitan un conocimiento más rápido de la verdad:

· Preferencia en la vista de las causas de derechos humanos en las cortes, aún cuando no haya personas procesadas en prisión preventiva y por cualquier trámite de que se trate. Mientras esta modificación se apruebe, solicitaremos a los tribunales dar esa preferencia en virtud de lo dispuesto en el artículo 560 del Código Orgánico de Tribunales.

· Otorgamiento de beneficios procesales a todas aquellas personas que, estando imputados y/o procesados, proporcionen antecedentes fidedignos, efectivos y comprobables por la justicia, acerca del paradero de la víctima, de las circunstancias de la desaparición o muerte y de la identidad de los autores, cómplices o encubridores. Los beneficios procesales se referirán a lo siguiente:

- Facultar a los tribunales para disponer la reserva de identidad y otras medidas de protección para quienes realicen los actos de colaboración indicados.
- Establecer el secreto de las medidas judiciales de protección que se otorguen a quienes colaboren.
- Penalizar a los que violen el secreto de las medidas judiciales de protección que se otorguen a quienes colaboren.


3. Cooperación de la administración pública con la acción de la justicia.

· El Gobierno dispondrá que el Servicio Médico Legal contrate una asesoría externa para perfeccionar los métodos y procedimientos de identificación de restos encontrados, muchos de los cuales aún están sin identificar, así como para revisar las identificaciones ya realizadas cuando existan dudas razonables acerca de ellas.

· La Policía de Investigaciones continuará apoyando la labor de los ministros en visita y jueces de dedicación exclusiva y especiales, de modo de estar en condiciones de cumplir con agilidad los mandatos judiciales.

· Analizará con el Poder Judicial los requerimientos de recursos de distinta especie que resulten necesarios para hacer aplicables las medidas tendientes a agilizar las investigaciones judiciales.

4. Mejoraremos las pensiones a los familiares de las víctimas y corregiremos los vacíos que han existido. Dicha iniciativa incluye:

· Incrementar en un 50% el valor del conjunto de las pensiones vigentes.

· Establecer como nuevo beneficiario al padre, en caso de fallecimiento de la madre o en caso de renuncia de la misma.

· Incrementar de un 15% a un 40% el monto del beneficio para la madre o el padre de hijos no matrimoniales.

· Crear, por una vez, un bono ascendente a la cantidad de 10 millones de pesos para hijos matrimoniales o no matrimoniales que nunca recibieron el beneficio, con excepción de los hijos que ya perciben pensión vitalicia por discapacidad.

· Crear un fondo especial para financiar un máximo de 200 pensiones de gracia a familiares que no tengan la calidad de beneficiarios por ley, destinado a situaciones particulares de familiares de causantes de pensión que no han tenido beneficiarios, convivientes que no tuvieron hijos pero sí una larga convivencia y dependencia económica de la víctima, y hermanos de la víctima que dependían de ella.

5. Perfeccionaremos los beneficios educacionales.

· Se extenderá el beneficio al período de titulación, manteniendo por un plazo máximo de un año el subsidio mensual y el pago de los aranceles correspondientes en las instituciones de educación durante ese período.

· Se dictará un reglamento que permita un uso más eficaz de este beneficio, que establezca como condición para financiar la continuidad de estudios que el alumno apruebe el año con el número de créditos o con las exigencias de aprobación de la institución educacional a la que se encuentre inscrito; que haya un límite de una carrera por alumno que postula al beneficio y que se establezca sólo para casos excepcionales, con la correspondiente certificación, la continuidad de estudios después de haberlos congelado.

6. Implementaremos iniciativas legales para solucionar problemas patrimoniales de familiares de detenidos desaparecidos.

· Enviaremos al Congreso Nacional un proyecto de ley destinado a resolver el estado de indefinición jurídica en que se encuentran las personas detenidas desaparecidas, al no existir constancia de su suerte o destino, lo que acarrea problemas relativos al estado civil, a la herencia y posesión efectiva de sus bienes, a la tuición de los hijos, a la capacidad legal de los cónyuges casados en régimen de sociedad conyugal, y que provoca, además, otros daños al patrimonio familiar.

7. Perfeccionaremos la normativa que permite la atención y asistencia médica de las víctimas y familiares de víctimas de la represión y de la violencia política.

· Modificar la Ley N° 19.123 en lo relativo a los beneficios médicos, disponiendo otorgar el derecho a recibir gratuitamente las prestaciones médicas a que se refiere la Ley N° 18.469 que, en la modalidad de atención institucional, se otorguen en los establecimientos que constituyen el Sistema Nacional de Servicios de Salud, o están adscritos al mismo, incluyendo los establecimientos de atención primaria municipal, así como los establecimientos experimentales de salud, y en la modalidad o forma que establezca el Ministerio de Salud para una atención especializada, a las siguientes personas:

a. A quienes fueron víctimas directas de una acción o evento represivo traumático entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, inclusive.

b. A los padres e hijos de las víctimas señaladas y sus cónyuges y/o convivientes durante el período indicado.

· Se entenderá por acción o evento represivo-traumático el secuestro con desaparecimiento, la ejecución y el homicidio político, la tortura física o psíquica, la detención por razones políticas en campos de concentración, cárceles o recintos de detención, el exilio y la relegación.

8. Se creará una comisión que establezca de manera rigurosa una lista de personas que hayan sufrido privación de libertad y tortura por razones políticas. Quienes tengan dicho certificado les permitirá si es que o han recibido otra forma de reparación, una indemnización austera y simbólica que determinará el ejecutivo. La secretaría de la comisión creada para estos efectos estará radicada en el nuevo Instituto Nacional de Derechos Humanos y Libertades Públicas y, en el intertanto, lo hará en los organismos de los cuales éste sea continuador legal.

9. Implementaremos medidas para reparar jurídica y moralmente el nombre y el honor de quienes fueron arbitrariamente encarcelados y procesados por motivos políticos.

· Rehabilitación jurídica:

- Enviaremos un proyecto de ley destinado a eliminar los antecedentes penales de las personas que fueron condenadas por Tribunales Militares en tiempo de Guerra, por aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado o de la Ley Antiterrorista, por delitos cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Quedarán excluidos de este beneficio los condenados por delitos contra la vida o integridad física de terceros.

- Propondremos eliminar de la Constitución la pérdida de la ciudadanía por delitos que merezcan pena aflictiva, cuando los condenados hayan recuperado su libertad.

· Reparaciones simbólicas:

- El gobierno creará una comisión integrada por personalidades del mundo del arte y de los derechos humanos, cuyo cometido será velar por el mejoramiento, mantención y preservación digna de estas obras.

10. Las medidas para fortalecer la sociedad y sus instituciones

a) Legislativas.

· Aprobar la reforma constitucional que autoriza al Estado de Chile a ratificar el Estatuto de la Corte Penal Internacional y, posteriormente, aprobar y ratificar el estatuto que crea este tribunal con competencia para conocer crímenes internacionales, tales como genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, en forma complementaria a la acción de los tribunales internos.

· Ratificar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada por la OEA, que previene y sanciona tales desapariciones cometidas por agentes del Estado o personas o grupos que actúen con su autorización, apoyo o aquiescencia, y que tipifica el delito de desaparición forzada de personas como un delito internacional.

· Aprobar y ratificar la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad adoptada por las Naciones Unidas.

· Aprobar el proyecto de reforma constitucional que hoy se discute en el Senado, que modifica profundamente el sistema de los estados de excepción aún vigente de la Constitución de 1980.

· Aprobar, en el mismo proyecto de reforma constitucional, la modificación de las normas sobre la Superintendencia de la Corte Suprema, de modo que incluya los Tribunales Militares en tiempo de Guerra.

· Reformar el Código de Justicia Militar de modo de incluir:

- Una reducción sustantiva de la competencia de los Tribunales Militares, tanto en relación al tipo de delitos que deben conocer como a las personas que pueden ser juzgadas bajo su jurisdicción, estableciendo que debe corresponder a la justicia ordinaria el conocimiento y juzgamiento de cualquier clase de delitos cometidos por civiles, delitos comunes de militares y delitos comunes con la coparticipación de civiles y militares.

- La incorporación de normas que aseguren que las Convenciones de Ginebra rijan en estado de guerra o en tiempos de guerra; y que los procedimientos de los Consejos de Guerra se ajusten plenamente a la Convención sobre Tratamiento de Prisioneros.

- La fijación de sanciones a las infracciones a las normas contempladas en las Convenciones de Ginebra o en cualquier otro tratado internacional vigente en materia de derechos humanos.

· Aprobación de normas que favorezcan a los chilenos que viven en el extranjero, muchos de ellos como consecuencia directa del exilio, especialmente la reforma constitucional que confiere la nacionalidad de origen a los hijos de chilenos nacidos en el extranjero y de la ley que habilita a votar a los chilenos residentes en el exterior.

b) Fortalecer la educación en derechos humanos.

· El Ministerio de Educación perfeccionará el marco curricular en los diversos grados de enseñanza, particularmente en el nivel medio, profundizando los contenidos destinados a la formación ciudadana, a la convivencia democrática y al conocimiento y valoración de los derechos humanos. Estas iniciativas, algunas en curso en el presente año, se encontrarán plenamente incorporadas al currículo escolar a partir del año 2004.

· Se incluirán dichas materias en la medición del SIMCE para los 2° años medios, en el área de Historia y Ciencias Sociales, de modo de evaluar el logro de aprendizajes de los alumnos en esta área clave de su formación.

c) Institucionalidad en derechos humanos.

La promoción y prosecución de las acciones orientadas a consolidar el respeto y el ejercicio efectivo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, requiere de una nueva institucionalidad que opere con autonomía de la contingencia y exprese el compromiso permanente de la sociedad con tales objetivos.

A tal efecto se creará un Instituto Nacional de Derechos Humanos y de Libertades Públicas.
Este instituto será continuador legal de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación y del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

El instituto tendrá un director designado por el Presidente de la República y contará con un consejo asesor, nombrado por el Presidente con acuerdo del Senado. El consejo deberá entregar su opinión sobre los planes de acción de la entidad y proponer el reglamento interno de la institución.

Su cometido será velar por el fomento, protección y fiscalización del respeto de los derechos humanos en el país, y por la efectiva y pronta materialización de los acuerdos nacionales en materia de verdad, justicia y reparación. Funciones específicas:

· Guardar en depósito los antecedentes reunidos por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y de su sucesora, y toda la información adicional que se pueda reunir en el futuro.

· Promover la adecuada reparación del daño moral de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y otorgarles asistencia social.

· Velar para que existan las condiciones para la ubicación de los cuerpos y/o conocer la suerte corrida por los detenidos desaparecidos y ejecutados sin entrega de restos, establecidas en el artículo N° 6 de la Ley N° 19.123, debiendo hacer las presentaciones judiciales que conduzcan a tal propósito.

· Establecer un sistema de información pública y periódica sobre el estado y avance de los derechos humanos en el país.

· Prestar asesoría, en materias de su competencia, a organismos públicos y privados que lo soliciten.

· Difundir el conocimiento de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, favorecer su enseñanza en todos los niveles del sistema educacional y promover la realización de investigaciones, estudios y publicaciones relativos a las materias antes mencionadas.

· Mantener relaciones con instituciones análogas de otros países y con los organismos multilaterales y no gubernamentales que se ocupen de las mismas materias que competen al instituto.

Términos y condiciones de la información © El Mercurio S.A.P.