La Inquisición

Los orígenes de la Inquisición española se remontan al año 1231, cuando el Papa Gregorio IX aceptó una constitución del emperador Federico, quien impuso la muerte a los herejes. Posteriormente los casos de brujería y costumbres discrepantes con la moral también fueron competencia de este tribunal. Así, se fue convirtiendo en un instrumento político de algunos gobernantes.

En el reinado de los Reyes Católicos, esta institución fue impuesta luego de luchar fuertemente por la cohesión religiosa del reino.

Una de las principales amenazas eran los conversos judíos, que tuvieron que bautizarse para no ser expulsados de España. Los "marranos", como se les llamó, despertaban desconfianza en las autoridades debido a que sospechaban que muchos eran falsos conversos y pensaban que podían influir en los cristianos y dañar la fe.

Ya en 1449, Toledo proclamó la sospecha que todas las conversiones de judíos eran falsas, porque ellos estarían marcados por su "estirpe".

Las personas cercanas a la Reina, y el propio clero, la instaron a solicitar al Papa Sixto IV una bula para autorizar la creación del Santo Oficio en Castilla.

El primer tribunal inquisitorial de España se formó en 1480, con el nombramiento de Miguel de Morillo y Juan de San Martín como inquisidores del tribunal de Sevilla.

En Castilla se rechazó la instauración del tribunal, por lo que, a fines de ese año, los reyes dieron una nueva orden. Incluso muchas personas se refugiaron en las tierras del duque de Medina-Sidonia, quien no era leal a los reyes. Para evitar la fuga de herejes, Fernando e Isabel declararon que la jurisdicción del Santo Oficio alcanzaba cualquier lugar del reino.

Posteriormente se establecieron tribunales en Córdoba, Ciudad Real y Jaén.

La situación se endureció cuando en 1483 Isabel solicitó al Papa la creación de un tribunal estable.

El 2 de agosto de 1483 Sixto IV promulgó una bula que creó que Consejo de la Suprema y General Inquisición, que se sumaba y regía a los ya existentes (Castilla, Aragón, Estado y Hacienda).

En octubre de ese año se designó a Tomás de Torquemada como Inquisidor General de Castilla y Aragón. Su cargo, nominado por los reyes, se movía en un ámbito eclesiástico y civil al mismo tiempo.

Torquemada se reunió con los demás inquisidores y en noviembre de 1484 publicó las Instrucciones, o normas de los tribunales inquisitoriales. El año siguiente añadió a las reglas publicadas las Capitulaciones, que tenían relación con el ámbito económico y eran de exclusiva competencia de los Reyes.

Nuevas Instrucciones fueron promulgadas en octubre de 1488. Éstas decían que el delito de herejía no prescribía nunca, recomendaban mayor brevedad en los juicios y reforzaban el carácter secreto de los mismos.

El proceso de unidad religiosa fomentado por Torquemada tuvo su momento culminante cuando en 1492 los reyes decretaron la expulsión de los judíos. Posteriormente, en 1502, harían lo propio con los musulmanes.

El fin del terror

El tribunal tuvo una larga existencia. En 1542 el Papa Paulo III le dio un nuevo impulso y una organización más sólida. Iglesia y gobernantes lo mantuvieron vigente hasta 1834, cuando fue abolido definitivamente.

Aunque las estadísticas más conocidas hablaban de más de 100 mil ejecuciones, estudios recientes rebelaron que unas 1.300 personas, de las 130 mil juzgadas, fueron condenadas a muerte.

Pasados los siglos, muchos estudiosos del tema han ahondado en las razones de la revitalización del Santo Oficio en la España del siglo XV. Según el historiador Edward Burman, la Inquisición española se concibió como un arma política para lograr la unidad religiosa de España a través de la eliminación de la herejía.

Sin embargo, Benzion Netanyahu plantea en su libro "Los orígenes de la Inquisición", que la verdadera razón no fue un motivo religioso, sino la rivalidad económica, social y política.

Al aproximarse el año 2000 la Iglesia planificó diversas estrategias para enfrentar el nuevo milenio. Dentro de éstas se enmarca la apertura, en 1998, de los herméticos archivos secretos de la Congregación para la Doctrina de la Fe, heredera del Santo Oficio y de la propia.

Posteriormente el Vaticano realizó una jornada para examinar la organización, procedimientos y contexto histórico de la Inquisición. En 1999 el Vaticano pidió perdón por los errores de la Iglesia Católica, entre éstos, “la aceptación de métodos de intolerancia e incluso de formas de violencia".