Año 2007

02 de abril de 2007: Un lapidario preinforme de la Comisión de Expertos señala que no existen las mínimas condiciones necesarias, desde el punto de vista del texto legal, la infraestructura, los programas y la administración general del sistema, que aseguren una adecuada puesta en funcionamiento de la justicia juvenil en junio próximo.

03 de abril de 2007: Ingresa a La Moneda una carta en que los funcionarios del Servicio Nacional de Menores (Sename), solicitan al Gobierno que postergue por un año o que implemente de manera gradual la nueva justicia juvenil.

04 de abril de 2007: Con disparidad avanzan las obras para la puesta en marcha de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Las regiones más retrasadas son la IV, V y XI, donde obras básicas y de segregación no alcanzarán a estar listas en junio. Entre sus argumentos señalan que los centros cerrados y semicerrados para atender a los menores infractores de ley, además de ser insuficientes en número, mantienen importantes déficit en materia de seguridad, segregación, condiciones de higiene y equipamiento.

05 de abril de 2007: Gobierno nombra un “zar” que vele por el inicio, en la fecha planificada, de la nueva justicia juvenil. El elegido Andrés Mahnke, que se desempeñaba como jefe de la Unidad de Reforma Judicial del Ministerio de Justicia.

*Además se prorroga el trabajo de la Comisión de Expertos hasta el 31 de diciembre de 2007, para que realice un seguimiento más eficaz de la implementación y aplicación de la ley, y se da un giro en la postura de la cartera de Justicia, cuyo ministro Carlos Maldonado, ahora se abre a la posibilidad de efectuar ajustes al texto legal.

17 de abril de 2007: El ministro Carlos Cerda, advierte a sus pares a través de un documento de diez puntos, sobre la falta de información que existiría en la Corte de Apelaciones sobre los procedimientos que comenzarán a regir el 8 de junio, con la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

08 de mayo de 2007: Justo a un mes del plazo contemplado para la entrada en vigencia de la nueva justicia juvenil, el Ejecutivo ingresa al Congreso Nacional un proyecto de ley que contiene ajustes a la Ley N° 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente. Uno de los ajustes es que en casos de delitos flagrantes, se extienda el plazo de 12 a 24 horas para que la policía ponga a los menores a disposición de los tribunales.

09 de mayo de 2007: El Senado aprueba los cambios a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, pero —por iniciativa del timonel gremialista Hernán Larraín— repone la norma que establece la obligatoriedad para el juez de dictar la internación en un centro cerrado de un menor de 18 años cuando se trate de un delito grave, dejando ello de ser una facultad opcional.

10 de mayo de 2007: Los diputados de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia sorprenden al ministro Maldonado al incluir en el proyecto del Ejecutivo una indicación que posterga nuevamente la aplicación de la reforma penal juvenil en un año, hasta el 8 de junio de 2008. La idea nace del diputado socialista Juan Bustos, pero es respaldada también por el presidente de la Comisión, el DC Jorge Burgos.

* Se inicia un plan piloto en el Centro de Justicia, con el fin de adelantarse a posibles problemas que se pudieran desarrollar con la entrada en funcionamiento de la nueva justicia juvenil.

11 de mayo de 2007: El Comité Político de ministros analiza el planteamiento de los diputados oficialistas y mantiene su voluntad de que la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente se inicie el 8 de junio de 2007.

12 de mayo de 2007: El Servicio Nacional de Menores (Sename) anuncia que completó el proceso de licitación de los programas que entidades privadas deberán aplicar a los jóvenes infractores en el medio libre.

14 de mayo de 2007: La Comisión de Expertos emite una declaración en que plantea su rechazo al endurecimiento de penas para delitos graves, planteada por el senador Hernán Larraín, y aprobada en la Cámara Alta. Argumentan que lo propuesto “está totalmente contraindicado desde el punto de vista de la reinserción social”.

15 de mayo de 2007: Con el voto favorable de la Cámara de Diputados, se oficializa en el Congreso la aprobación a la indicación que establece la obligatoriedad de la internación en un centro cerrado de los menores de 18 años que cometan delitos grave, y además se rechaza la postergación de la ley.

19 de mayo de 2007: Treinta y tres diputados de la Concertación recurren al Tribunal Constitucional para que impugne la indicación a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente que endurece las penas para los delitos graves. El tribunal debe resolver en 10 días, prorrogables a 20. Ello no perjudica la normal tramitación del proyecto de reforma.

24 de mayo de 2007: Por decisión unánime, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) acoge a tramitación el recurso que pide declarar inconstitucional parte de la modificación a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

25 de mayo de 2007: Los trabajadores del Sename rechazan la propuesta de mejoramiento salarial del Gobierno y se toman los centros de internación.

29 de mayo de 2007: Los 2.800 funcionarios del Sename inician un paro por 48 horas. Ello implica que no se reciben ingresos en ninguno de los 17 centros de internación para jóvenes infractores de la ley ni en los 8 recintos de administración directa para atender a los menores enviados por protección desde los tribunales. Luego la movilización adquiere carácter indefinido, y se extiende por dos semanas.

06 de junio de 2007: A dos días de la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, los funcionarios del Sename aceptan una nueva oferta económica del Gobierno y deponen el paro.

08 de junio de 2007: Entra en vigencia la nueva justicia adolescente.