Los actores del sistema son fiscales, defensores, jueces de garantía, policías, víctimas e imputados.
En la EJECUCIÓN de las penas tendrá un rol clave el Servicio Nacional de Menores (Sename), que deberá asegurar la existencia en todas las regiones del país de los programas necesarios para el cumplimiento y control de las medidas contempladas en la ley, que serán ejecutadas por los colaboradores acreditados que hayan celebrado los convenios con dicha institución. Ésta los supervisará técnica y financieramente.
Otro actor relevante en el proceso de implementación de la Justicia Juvenil es la Comisión de Expertos, creada después del aplazamiento de la puesta en marcha de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, para monitorear el trabajo de las distintas instituciones involucradas. En dicho organismo emitieron una lapidaria conclusión: la ley no cuenta con las “condiciones mínimas” para su adecuado funcionamiento.
La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente se pone en marcha el 8 de junio, y con ello se crea por primera vez en Chile un sistema penal especial para las personas mayores de 14 y menores de 18 años. El desafío es ambicioso: rehabilitarlos y reinsertarlos en la sociedad. Hacia ese objetivo se comenzará a trabajar, aunque con las “condiciones mínimas”.
En este segundo intento -después de que en mayo de 2006 la puesta en marcha de la ley fuera aplazada por un año- la nueva justicia juvenil enfrentó un camino complejo, con voces que pedían la postergación desde la propia Concertación, y con una paralización de los funcionarios del Servicio Nacional de Menores (Sename) que amenazó la puesta en marcha cuando ya se entraba en la cuenta regresiva, pero también con la firme decisión del Gobierno de respetar los plazos y marcar un nuevo hito en materia judicial, después de entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal.
