ANTES DEL 8 DE JUNIO DE 2007

Desde los 16 años

-Los jóvenes menores de 16 años son inimputables, es decir, se considera que no tienen la capacidad legal de cometer delitos y por lo tanto quedan fuera del sistema penal. Sólo los tribunales de familia les pueden aplicar “medidas de protección”.

Se aplica "discernimiento"

- A los adolescentes que tienen entre 16 y 17 años y están acusados de haber cometido un delito se les somete a un proceso de discernimiento, con el que se busca determinar si actuaron sabiendo la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo lícito y lo ilícito.

-Según ese procedimiento, se declara al joven con o sin discernimiento. Si se determina esto último, al adolescente se le aplica una medida de protección de los juzgados de familia y no es sometido al sistema penal. En cambio, si se establece que actuó con discernimiento al delinquir, se inicia un proceso penal en su contra, considerándolo como un adulto.

Defensa no obligatoria

-Si bien existen programas de defensa de jóvenes, la Ley de Menores no contempla formalmente la intervención de abogados, por lo que muchas veces no se respetan las normas del debido proceso.

La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente se pone en marcha el 8 de junio, y con ello se crea por primera vez en Chile un sistema penal especial para las personas mayores de 14 y menores de 18 años. El desafío es ambicioso: rehabilitarlos y reinsertarlos en la sociedad. Hacia ese objetivo se comenzará a trabajar, aunque con las “condiciones mínimas”.

En este segundo intento -después de que en mayo de 2006 la puesta en marcha de la ley fuera aplazada por un año- la nueva justicia juvenil enfrentó un camino complejo, con voces que pedían la postergación desde la propia Concertación, y con una paralización de los funcionarios del Servicio Nacional de Menores (Sename) que amenazó la puesta en marcha cuando ya se entraba en la cuenta regresiva, pero también con la firme decisión del Gobierno de respetar los plazos y marcar un nuevo hito en materia judicial, después de entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal.