1% del total de la población juvenil de Chile se ha visto involucrada en delitos
9,4% del total de aprehendidos por Carabineros el 2006 tenían entre 14 y 17 años
17 centros cerrados e igual número de semicerrados recibirán a los menores infractores.
100 millones de dólares ha invertido el Estado para implementar la nueva ley.
40 defensores penales públicos representarán a los jóvenes en los juicios.
22 nuevos fiscales fueron contratados para hacer frente al aumento de demanda.
9 nuevos jueces de garantía se integrarán al sistema para la nueva justicia juvenil.
9.600 millones de pesos se destinarán a sanciones no privativas de libertad.
5.015 adolescentes están en programas para infractores de ley del Sename.
982 serán las plazas privativas de libertad, con la nueva ley.
772 son las plazas contempladas para el sistema semicerrado (reclusión nocturna).
5.085 cupos habrán para programas en el medio libre.
32 instituciones colaborarán con el Sename en la ejecución de las sanciones.
83 centros para tratamientos en drogas y alcohol para adolescentes se adjudicó Conace.
La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente se pone en marcha el 8 de junio, y con ello se crea por primera vez en Chile un sistema penal especial para las personas mayores de 14 y menores de 18 años. El desafío es ambicioso: rehabilitarlos y reinsertarlos en la sociedad. Hacia ese objetivo se comenzará a trabajar, aunque con las “condiciones mínimas”.
En este segundo intento -después de que en mayo de 2006 la puesta en marcha de la ley fuera aplazada por un año- la nueva justicia juvenil enfrentó un camino complejo, con voces que pedían la postergación desde la propia Concertación, y con una paralización de los funcionarios del Servicio Nacional de Menores (Sename) que amenazó la puesta en marcha cuando ya se entraba en la cuenta regresiva, pero también con la firme decisión del Gobierno de respetar los plazos y marcar un nuevo hito en materia judicial, después de entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal.
