Francisca Werth
Gerenta (s) de Fundación Paz Ciudadana e integrante de la Comisión de Expertos

Definiciones frente a la ley

Principal Cambio: “El que vamos a contar por primera vez con un sistema de justicia juvenil. O sea, con un sistema especial que va a regular de manera especial el tema de la infracción de ley entre 14 y 18 años, que hoy en día Chile no tiene eso”.

Principal beneficio: “El debido proceso, las garantías de debido proceso que van a pasar a tener los jóvenes desde los 14 hasta los 17 años”.

Principal desafío: “La implementación, el sistema de ejecución para ser más precisos, en el fondo, la promesa de reinserción que garantiza la ley a través del sistema de ejecución de penas”



-¿El segundo informe de la comisión de expertos, entregado en abril, fue bastante lapidario y planteó que no se daban las condiciones mínimas para que la nueva justicia juvenil parta el 8 de junio?, ¿se mantiene ese diagnóstico?

“Sí, y ahora yo te diría que se ha agregado un poco más de incertidumbre con el tema de la aprobación por parte del Congreso del endurecimiento en el tramo del (artículo) 23, número 1 (que determina la naturaleza de las penas).

Lo que la comisión dice es que no están dadas las condiciones mínimas en relación a la ley, y por lo menos la comisión no puede garantizar que estén en relación a la infraestructura, oferta programática, etcétera.

El Gobierno dice que van a estar las condiciones básicas (...) Yo creo que ellos son quienes pueden dar ese diagnóstico con mayor certeza, la comisión no estuvo dispuesta a hacerlo y respecto al tema de las reformas que se hicieron, dejando fuera el endurecimiento del 23 número 1, fueron temas más bien de estructura, bastante formales en relación a la ley, no de fondo”.

- ¿El ministro de Justicia y también la directora del Sename han insistido en que la ley partirá con las condiciones mínimas, básicas, ¿eso da tranquilidad o permite estar optimista respecto de la eficacia de la nueva ley?

“No, yo creo que no, las condiciones que hay hoy en día, básicas, no garantizan la eficacia (...) Las condiciones de infraestructura, de oferta, no garantizan tampoco que tú vayas a tener niveles de reincidencia mínimos, pero sí claramente contribuyen desde la perspectiva del funcionamiento del sistema a que sea más fácil obtener mejores niveles de éxito”

“Es difícil decirlo porque no hay estándares (...) Entonces las condiciones básicas, esto que se ha estado hablando, es un poco los compromisos que se adquirieron el año pasado al postergarse la ley, (cuando) se dijo que iba a haber un semicerrado por región, hoy en día tenemos 17 centros semicerrados, pero eso no quiere decir que al tener el lugar arrendado, la casa funcionando, tú necesariamente estés cumpliendo con otro tipo de estándares que la sanciones requieren. O sea, eso no quiere decir que la sanción vaya a ser efectiva, que vas a cumplir con los objetivos de reinserción, de responsabilización. Para eso requieres un proceso de implementación y de evaluación de los programas, que es súper importante que vaya”.

- ¿Y cuál sería la principal deuda que habría, al menos en la primera etapa de implementación de la ley?

“Yo te diría que hay déficit importantes en el tema educación, de programas adecuados de capacitación, dentro de los centros privativos de libertad. O sea, que no digamos que los jóvenes estén en un taller de cuero, porque esa oferta tú la logras, pero realmente una capacitación acorde a las necesidades que esta población requiere estamos en deuda, en temas educacionales. En el fondo a mí me gustaría saber cuántos proyectos educacionales se licitaron, cuántos fueron declarados desiertos, porque se abrió el proceso de licitación de los programas hace poco, qué objetivos perseguimos respecto al tema educacional dentro del tema jóvenes. Porque es distinto, son una población diferente, con otro tipo de necesidades en temas educacionales”.

“Hay temas de inserción en la comunidad, de los programas, que también van a ser una piedra en el zapato, en cómo estos programas –sobre todo los que se dan en el medio libre- apelan a la comunidad como proveedores de una serie de beneficios de las políticas sociales que la comunidad concreta no está preparada para entregar”.

- Es todo muy ambicioso...

“Súper ambicioso. No, la brecha que existe entre lo que hay y lo que se pretende es enorme, es súper grande. Entonces, en el fondo el tema es entender que esto es un proceso y que estamos partiendo con ciertos déficit, (por lo tanto) no le exijamos ni a los jóvenes ni al sistema maravillas, ni milagros”.

"La promesa de reinserción social es bien peligrosa”.
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La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente se pone en marcha el 8 de junio, y con ello se crea por primera vez en Chile un sistema penal especial para las personas mayores de 14 y menores de 18 años. El desafío es ambicioso: rehabilitarlos y reinsertarlos en la sociedad. Hacia ese objetivo se comenzará a trabajar, aunque con las “condiciones mínimas”.

En este segundo intento -después de que en mayo de 2006 la puesta en marcha de la ley fuera aplazada por un año- la nueva justicia juvenil enfrentó un camino complejo, con voces que pedían la postergación desde la propia Concertación, y con una paralización de los funcionarios del Servicio Nacional de Menores (Sename) que amenazó la puesta en marcha cuando ya se entraba en la cuenta regresiva, pero también con la firme decisión del Gobierno de respetar los plazos y marcar un nuevo hito en materia judicial, después de entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal.