Gonzalo Berríos
Jefe de la Unidad de Defensa Penal Juvenil de la Defensoría Penal Pública
Definiciones frente a la ley
Principal Cambio: “El que vamos a contar por primera vez con un sistema de justicia juvenil. O sea, con un sistema especial que va a regular de manera especial el tema de la infracción de ley entre 14 y 18 años, que hoy en día Chile no tiene eso”.
Principal beneficio: “El debido proceso, las garantías de debido proceso que van a pasar a tener los jóvenes desde los 14 hasta los 17 años”.
Principal desafío: “La implementación, el sistema de ejecución para ser más precisos, en el fondo, la promesa de reinserción que garantiza la ley a través del sistema de ejecución de penas”

¿El segundo informe de la comisión de expertos, entregado en abril, fue bastante lapidario y planteó que no se daban las condiciones mínimas para que la nueva justicia juvenil parta el 8 de junio?, ¿eso se puede solucionar antes de esa fecha?
“Lo que tiene que ver con ley sí. Los que tienen que ver con los otros aspectos, yo creo que evidentemente que en materia de infraestructura es muy difícil, muy difícil, sobre todo que además hay una observación de fondo al sistema semicerrado, que no tiene que ver con si hoy día está o no está la infraestructura bien o mal, sino que tiene que ver con la cobertura territorial de esa sanción, que es muy escasa”
“Ahora, eso es un problema de diseño de origen, eso es un problema que escapa incluso, siendo bien honesto, de las responsabilidades probablemente de este Gobierno, aquí lo que nunca se ha dicho y que es bueno recalcar, es que los cambios que hicieron en el Senado, que no fueron pocos, fueron de hecho duplicar la duración de las penas, tienen un impacto en la infraestructura. O sea, ahora hay que pensar una infraestructura que pueda responder no a cinco años, sino a diez años. Y eso evidentemente que cambia las reglas del juego.
“Nosotros como comisión llegamos a la conclusión de que no estaban esas condiciones y que lo mejor, por lo tanto, era hacer algún tipo de partida gradual. Esa fue nuestra propuesta”
Ustedes plantearon que partiera gradualmente dividiendo según edades...
“La gradualidad nunca ha sido propuesta de otra manera que no sea dividir por edades. En eso no hay lío, por regiones es imposible. Por edades no hay ningún problema de constitucionalidad ni nada, lo propusimos en el informe. Esa fue la propuesta concreta que hicimos nosotros, o sea, dijimos, mire no están las condiciones óptimas, porque condiciones van a haber igual, pero para garantizar eso y que el sistema se vaya adecuando bien y no dañar los de 14 y 15 años con programas mal hechos o con déficit de esto, planteamos derechamente partir 16, 17 años y después, en un año más, partir con el grupo de 14 y 15, en eso no había ningún problema”.
¿Y esa propuesta no se consideró?
“Yo participé en la sesión en el Congreso, y mi percepción es que no había consenso político en torno a eso. Para serte bien honesto. Este es el problema de lo técnico y lo político. Algunos sectores preferían pasarle la cuenta al Gobierno por esto más que resolver el problema. Entonces ahí nosotros como comisión guardamos distancia. Si uno quiere sacar ventajas políticas de aquí estamos mal”.
En este segundo intento -después de que en mayo de 2006 la puesta en marcha de la ley fuera aplazada por un año- la nueva justicia juvenil enfrentó un camino complejo, con voces que pedían la postergación desde la propia Concertación, y con una paralización de los funcionarios del Servicio Nacional de Menores (Sename) que amenazó la puesta en marcha cuando ya se entraba en la cuenta regresiva, pero también con la firme decisión del Gobierno de respetar los plazos y marcar un nuevo hito en materia judicial, después de entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal.