LOS AVANCES Y TROPIEZOS DE LA LEY
Año 2006
3 de mayo de 2006: Se comienza a hablar de retrasar la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, prevista para el 8 de junio de 2006. La propuesta surge de la inquietud de los senadores Soledad Alvear (DC) y Alberto Espina (RN) por el retraso de las obras y la capacitación de funcionarios.
9 de mayo de 2006: A menos de un mes de la fecha límite, el ministro de Justicia, Isidro Solís, comunica oficialmente que el Gobierno decidió aplazar en un año la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, argumentando que “no queremos repetir lo que fue la experiencia de la instalación de la reforma de Familia”.
El ejecutivo envía un proyecto de ley con carácter urgente, planteando la medida.
18 de mayo de 2006: La Cámara de diputados aprueba (por 54 votos a favor, 29 en contra y 7 abstenciones) y deja lista para ser promulgada la norma que prorroga por 12 meses la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente
1 de junio de 2006: Se publica en el diario oficial la ley 20.110, que posterga en un año la aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
25 de junio de 2006: Inicia su trabajo la Comisión de Expertos, un grupo de 16 especialistas encargado de monitorear la implementación de la nueva justicia juvenil, que ahora deberá echarse a andar el 8 de junio de 2007. Los expertos se comprometen a entregar su primer informe en tres meses.
11 de octubre de 2006: La Comisión de Expertos presenta su primer informe ante la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados y del Senado, y asegura que existen serias falencias para echar a andar la justicia juvenil e identifica cinco ejes críticos: obstáculos normativos y problemas de diseño legal e institucional; determinación de la carga de trabajo y flujos del sistema; oferta programática; capacitación de los distintos actores intervinientes; y fortalecimiento institucional, seguimiento y coordinación entre las instituciones del sistema.
En este segundo intento -después de que en mayo de 2006 la puesta en marcha de la ley fuera aplazada por un año- la nueva justicia juvenil enfrentó un camino complejo, con voces que pedían la postergación desde la propia Concertación, y con una paralización de los funcionarios del Servicio Nacional de Menores (Sename) que amenazó la puesta en marcha cuando ya se entraba en la cuenta regresiva, pero también con la firme decisión del Gobierno de respetar los plazos y marcar un nuevo hito en materia judicial, después de entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal.