Paulina Fernández
Directora del Servicio Nacional de Menores
¿El segundo informe de la comisión de expertos, entregado en abril, fue bastante lapidario y planteó que no se daban las condiciones mínimas para que la nueva justicia juvenil parta el 8 de junio?, ¿qué le parece ese diagnóstico?
“Lo que el Comité de Expertos plantea son más bien las condiciones ideales y las condiciones máximas para que esta ley parta, las condiciones máximas si uno jugara con los tiempos son condiciones de una ley que está en pleno funcionamiento, de una ley que debiera llevar por lo menos cinco o seis años, como lo hizo la reforma procesal penal, que se aplicó gradualmente, por lo tanto se hicieron modificaciones al marco legal, pero también a los procesos administrativos y de ejecución cotidiana de la ley, por lo tanto, las condiciones mínimas van a estar el 8 de junio. Los ocho compromisos que asumimos frente al Congreso en mayo del año pasado son compromisos que van a estar cumplidos al 8 de junio.
-¿Qué vamos a tener en la práctica este 8 de junio?, ¿qué se va a garantizar?
“Lo que nosotros aseguramos para el 8 de junio es que todos los temas de seguridad y plan intensivo de drogas del Conace van a estar implementados y con la infraestructura requerida y la otra infraestructura que queda para después del 8 de junio en el cual las fechas fueron entregadas al Congreso, a la Presidencia, etcétera, de manera muy transparente, son las clínicas de corta estadía, porque requirieron modificaciones mayores, y todo lo que tiene que ver con readecuación menores de los talleres y salas de clases, son cosas menores”.
“(En el área de capacitación laboral) lo que se piensa para este año por un tema de flujo del sistema son los programas de alfabetización digital y los talleres de empleabilidad, y para el próximo año trabajar fuertemente con el Sence en capacitación laboral interna”.
La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente se pone en marcha el 8 de junio, y con ello se crea por primera vez en Chile un sistema penal especial para las personas mayores de 14 y menores de 18 años. El desafío es ambicioso: rehabilitarlos y reinsertarlos en la sociedad. Hacia ese objetivo se comenzará a trabajar, aunque con las “condiciones mínimas”.
En este segundo intento -después de que en mayo de 2006 la puesta en marcha de la ley fuera aplazada por un año- la nueva justicia juvenil enfrentó un camino complejo, con voces que pedían la postergación desde la propia Concertación, y con una paralización de los funcionarios del Servicio Nacional de Menores (Sename) que amenazó la puesta en marcha cuando ya se entraba en la cuenta regresiva, pero también con la firme decisión del Gobierno de respetar los plazos y marcar un nuevo hito en materia judicial, después de entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal.
