* Si necesita un profesional de las leyes, es importante que tome algunas precauciones para que la relación funcione bien.

Hace algunos días, Silvia Letelier nos escribió narrándonos que la contactaron del estudio de abogados de Eduardo Melo para informarle de la existencia de acciones a nombre de su padre, fallecido hace 25 años, y que no habían sido incluidas en la posesión efectiva. Le ofrecieron hacer el traspaso y después tramitar la venta a cambio de un porcentaje de lo recaudado. Aceptó y después de meses de trámites el negocio se hizo, pero al recurrir a Línea Directa, todavía no le pagaban lo suyo.

No todas las relaciones entre clientes y abogados que se generan a diario resultan como se esperaban. Éste es un tema recurrente entre quienes acuden a la Comisión Defensora Ciudadana, entidad que vela por la defensa y promoción de los derechos de las personas ante acciones u omisiones de los organismos públicos.

Sin embargo esa entidad no tiene competencia para asumir este tipo de casos, entre ellos, el de un consumidor que contrató a un profesional para demandar a una empresa que le expendió un producto tóxico. Tras el juicio el abogado consiguió una indemnización que su cliente nunca vio. El afectado le informó del caso al Colegio respectivo, donde decidieron sancionarlo y suspenderlo de su colegiatura.

Consejos

Si bien no pudo intervenir, la Comisión entrega algunas recomendaciones, como contratar a profesionales titulados y colegiados y por tanto sometidos a la tuición ética, y hacer un contrato de honorarios por escrito donde se establezcan los montos a cobrar, las gestiones que se realizarán, la periodicidad en la información y la entrega de copia de los escritos presentados. Es importante al otorgar patrocinio y poder, estar conscientes de que la facultad de percibir debe ser otorgada expresamente, de lo contrario, el abogado no puede cobrar dinero alguno.

Quienes no cuentan con los medios económicos para contratar uno pueden recurrir a la Corporación de Asistencia Judicial a través de sus centros de atención. Pero hay otras vías para quienes no califican en esta instancia, como las clínicas legales de algunas universidades o la Fundación Probono, una entidad sin fines de lucro que sirve de puente entre las organizaciones sociales y los abogados dispuestos a prestarles asistencia gratuita.

Como explica Marcela Fajardo, directora de área, tienen el apoyo de 41 estudios jurídicos y además elaboran programas para microempresarios mediante capacitación en materias tributarias y comerciales.

Junto con el Colegio de Abogados y el Sernam, mantienen un convenio de ayuda a víctimas de violencia intrafamiliar que son derivadas por este último servicio para que Probono les asigne un abogado de su red voluntaria, según el perfil más idóneo. "Son todos colegiados y además participan en charlas que buscan sensibilizarlos en este tipo de casos", enfatiza la profesional.

También participan en situaciones de interés público, como la de un discapacitado que recurrió a ellos a través del Fonadis reclamando en contra de una estación del Metro de Santiago sin acceso para silla de ruedas. Su queja dio origen a una acción judicial en contra de la empresa que podría beneficiar a muchos. En estos casos también hay una derivación de parte del Fonadis, y después Probono asume la defensa y el seguimiento del caso. Los gastos del juicio los paga el beneficiado.

Marcela Fajardo observa que parte de su procedimiento es la firma de una carta de responsabilidades en que el abogado se compromete a mantener a su cliente siempre informado de los avances del asunto y este último, a su vez, asume que irá a todas las reuniones a las que lo citen.

Como abogado, también entrega sus consejos para quienes contratan un profesional en forma particular: que esté colegiado y que tenga una oficina establecida. Otra recomendación es consultar en el Colegio de Abogados donde mantienen una lista al día de sus miembros.

Cómo sancionarlos

Para reclamar ante el Colegio de Abogados en Santiago se puede recurrir a Ahumada 341 Of. 207, indicando el nombre completo del profesional. Esa entidad tiene facultades para aplicar sanciones éticas sobre sus miembros, atendiendo al mérito de la situación. El solicitante debe presentar un escrito acompañando los antecedentes que prueben su reclamo. El servicio es gratuito y las medidas disciplinarias, fijadas en sus estatutos, van desde la amonestación verbal hasta la expulsión, pero no puede limitar el ejercicio de la profesión. Si el acusado no está colegiado, se puede recurrir a la justicia ordinaria.

Más información

• En Internet: www.colegioabogados.cl; www.probono.cl

El Mercurio, miércoles 19 de octubre de 2005