Parte del 5% a un ahorro previsional colectivo: Expertos debaten sobre su constitucionalidad

Para ir de la mano con la Carta Magna, el Ejecutivo debe redactar la funcionalidad de esos dos puntos porcentuales de manera que no sea entendido como un impuesto, sino que como una cotización para la seguridad social.

21 de Abril de 2017 | 08:05 | Por Patricia Marchetti Michels, Emol
El Mercurio
SANTIAGO.- Los cambios al sistema de pensiones anunciados por la Presidenta Michelle Bachelet la semana pasada, seguirán siendo un tema central en el debate público.

Entre las medidas, el Ejecutivo propuso aumentar la cotización de un 10% a un 15% en seis años, diferencia que será pagada por parte del empleador. Sin embargo, tres de esos cinco puntos porcentuales irán a las cuentas individuales y dos de ellos a un seguro de ahorro colectivo.

Según el Diario Financiero, el Ministerio de Hacienda encargaría una serie de estudios para evitar vicios de inconstitucionalidad respecto al uso de ese 2%, y así no repetir el traspié ocurrido con la reforma laboral.

Enrique Navarro, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile y ex ministro del Tribunal Constitucional (TC), explicó a Emol que el dinero recaudado a través de impuestos no puede ser destinado a un fin específico, en este caso el pago de pensiones por parte del Estado.

A raíz de lo anterior, Navarro advierte que para que la normativa esté dentro de los márgenes de la Carta Magna "todo dependerá de la forma en que se redacte".

"Para que sea constitucional, ese 2% debe entenderse como dinero que va a un fondo solidario y no como una suma obligatoria", explica el abogado. "Pero si es entendido como un impuesto, el cual uno no puede resistirse a pagar, ahí tenemos un problema Constitucional", debido a que de ser un tributo, éste no podría ser usado por el Estado para un fin en particular.

A pesar de que el ex ministro del TC indica que es difícil hacer un juicio a priori de la redacción, dice que, en cualquiera de los dos casos, lo considera "un impuesto disfrazado" y de "dudosa constitucionalidad", ya que aunque sea con cargo al empleador, sería obligatorio e iría a un fondo específico y no general, hecho que no se permite en la Carta Magna.

Alejandro Ferreiro, ex superintendente de Pensiones y ex ministro de Economía del primer Gobierno de Bachelet, considera que el juicio de la constitucionalidad no tiene fundamentos, ya que "el argumento histórico en materia de cotizaciones tiene que ver con la propiedad individual de la cotización pero eso tiene base cuando el aporte es del trabajador".


"Cuando el aporte viene del empleador hay una diferencia en quién paga y los beneficiarios, por lo tanto no hay un derecho de propiedad estricto involucrado", aclara Ferreiro. Además, considerando la ausencia de recursos fiscales disponibles manifestada por Hacienda y el Ejecutivo, el ex ministro estima "razonable la propuesta del Gobierno de mejorar las pensiones a través de una cierta redistribución de las cotizaciones previsionales".

Por su parte, el abogado constitucionalista, Sebastián Zárate, advierte que "sin perjuicio de introducir una mayor igualdad, me parece que la medida no se formuló de acuerdo con los principios y normas constitucionales vigentes".

"Mi impresión es que sería inconstitucional en la medida que el 2% sería verdaderamente un tributo, porque tiene por finalidad que el Estado recaude fondos de forma obligatoria por cada trabajador, sin que entre en una cuenta individual del empleador, sino una general, bajo el principio de solidaridad", aclara Zárate.

Desde el punto de vista económico


La directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros, ESE Business School, Cecilia Cifuentes, define el 2% como un "impuesto al trabajo formal", ya que "es cargado sobre los trabajadores que están contratados y no es en beneficio propio de ellos".

La economista manifiesta que dicho impuesto posee el problema de que sólo lo pagan los trabajadores formales, "entonces atenta contra el objetivo de formalizar el mercado laboral ya que no hay un incentivo ni para empleador ni trabajador a hacerlo. Es por esto que es mejor que el fondo solidario se financie con impuestos generales, como el IVA, por ejemplo".
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