"Esta es una emergencia sin precedentes y requiere, en consecuencia, utilizar instrumentos no habituales". Esas fueron parte de las palabras expresadas esta tarde por el Presidente Sebastián Piñera, al anunciar un paquete económico inédito en a historia del país para combatir el golpe del Coronavirus Covid-19.
Serán US$11.750 millones que se movilizarán en los próximos meses para ir en apoyo del sistema de salud, y en ayuda financiera a las personas y pymes afectadas por la pandemia, Cifra que significa el 4,7% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Pero las palabras citadas del Mandatario no se refieren específicamente al monto que contempla el paquete, sino que a un instrumento en particular que el Ejecutivo decidió utilizar para obtener parte de esos recursos: el 2% constitucional para emergencias.
"He dispuesto utilizar un mecanismo que está contemplado en nuestra Constitución y que es conocido como el 2% constitucional de la República para decretar pagos no autorizados por ley cuando existan necesidades impostergables derivadas de una calamidad pública, como es la que vivimos hoy debido al coronavirus, por un límite de hasta 2% de los gastos aprobados en el presupuesto", señaló Piñera.
Esta facultad es otorgada gracias al artículo 32 de la Constitución, donde se encuentran estipuladas las atribuciones especiales del Presidente de la República. Puntualmente, el inciso 20 de dicho artículo señala: "El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros de Estado, podrá decretar pagos no autorizados por ley, para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, de agresión exterior, de conmoción interna, de grave daño o peligro para la seguridad nacional o del agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que no puedan paralizarse en serio perjuicio para el país".
Así, continúa, "el total de los giros que se hagan con estos objetos no podrá exceder anualmente el de dos por ciento (2%) del monto de los gastos que autorice la Ley de Presupuestos".
El Presupuesto para 2020, aprobado y despachado por el Congreso el pasado noviembre, y el cual fue modificado durante su discusión producto del estallido social, contempla recursos por US$74 mil millones. Es decir, el 2% al que el Gobierno podría echar mano con el mencionado mecanismos significa una cifra en torno a los US$1.500 millones.
Y en caso de que se exceda ese monto, la legislación es clara: "Los ministros de Estado o funcionarios que autoricen o den curso a gastos que contravengan lo dispuesto en este número, serán responsables solidaria y personalmente de su reintegro, y culpables del delito de malversación de caudales públicos".
La última vez que se hizo uso del 2% constitucional fue hace 12 años, en 2008. ¿La razón? Mantener las operaciones del Transantiago, el polémico sistema de transporte público capitalino que había entrado en vigencia un año antes.
Ese año la entonces Presidente Michelle Bachelet decidió utilizar este mecanismo, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) rechazará un préstamo por US$400 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de US$10 millones de parte del Banco Estado. De esta forma, Bachelet tuvo a su disposición US$800 millones para que el Transantiago continuará funcionando.
Decisión de Bachelet no repetió en 2017, bajo su segundo mandato, cuando la utilización de este 2% surgió como opción para hacer frente al megaincendio que azotó a la zona centro sur del país en enero de ese año. Aunque en un principio no descartó usar esos fondos, finalmente no lo hizo, pese a las presiones de la entonces oposición.
