Neus Munté, vicepresidenta del Gobierno regional de Cataluña.
EFE
BARCELONA.- El Gobierno de Cataluña anunció hoy que cumplirá la resolución independentista suspendida hoy por el
Tribunal Constitucional a pesar de la decisión judicial y de la advertencia que lanza el alto tribunal a cargos públicos de la región española.
"No es una desobediencia (al Constitucional) sino una obediencia a un mandato democrático que emana de nuestro Parlamento", dijo en rueda de prensa la vicepresidenta en funciones del Ejecutivo catalán, Neus Munté.
La vicepresidenta acusó al Gobierno de Mariano Rajoy de "utilizar" el alto tribunal para "poner una mordaza" a los "anhelos de libertad" de los ciudadanos de Cataluña.
El Constitucional decidió por unanimidad admitir a trámite el
recurso interpuesto por el Ejecutivo español contra la resolución independentista, que había sido aprobada el lunes en el Parlamento de Cataluña con los votos a favor de los partidos secesionistas.
La admisión a trámite del documento supuso una suspensión automática de la resolución de forma cautelar hasta que se falle al respecto.
El alto tribunal acordó también que notificará por primera vez a 21 cargos públicos de Cataluña de su decisión y les advertirá de que podrían incurrir en responsabilidades penales si no la acatan.
Entre ellos están el jefe del Ejecutivo catalán en funciones, Artur Mas, y la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell.
Munté aseguró que la "voluntad política" de su Ejecutivo es la de "tirar hacia adelante con el contenido de la resolución", que prevé iniciar el camino hacia la creación de un Estado catalán "en forma de república".
El documento contempla, además, la aprobación de tres leyes en el plazo máximo de un mes para sentar las bases del nuevo Estado en la región del noreste de España, de 7,5 millones de habitantes.
