GINEBRA.- Tres expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas urgieron hoy al Gobierno egipcio a terminar con las reacciones desproporcionadas contra el ejercicio del derecho a la libre expresión y asamblea en el país.
"El empeoramiento de las medidas en contra de las protestas pacíficas y la disidencia en Egipto representa un grave revés para un entorno políticamente abierto y una sociedad civil dinámica", dijeron hoy los tres expertos en un comunicado.
"El uso de la fuerza contra la sociedad civil y la expresión de visiones discordantes deteriora el clima para la promoción y protección de los derechos fundamentales que forman los componentes esenciales de una sociedad democrática", subrayaron.
Los expertos condenaron la severa respuesta contra las grandes protestas que se han sucedido en Egipto en los últimos dos años, con arrestos masivos y el uso de la fuerza, y continuas medidas drásticas contra los manifestantes pacíficos, periodistas, abogados y defensores de los derechos humanos.
Criticaron, además, la irrupción en la sede del Colegio de Periodistas por parte de las fuerzas de seguridad egipcias el 1 de mayo.
Asimismo, condenaron que los pasados 15 y 25 de abril las autoridades dispersasen con gases lacrimógenos y utilizasen la fuerza en una serie de manifestaciones que tuvieron lugar en todo el país.
Más de 380 manifestantes, periodistas y activistas fueron arrestados durante dichas protestas y, además, las fuerzas de seguridad pararon a los viandantes en El Cairo para inspeccionar sus cuentas de redes sociales en busca de "publicaciones antigubernamentales" e "imágenes incitantes".
Los tres expertos de la ONU, el relator especial para la libertad de expresión, David Kaye; para la libertad de reunión pacífica, Maina Kiai, y para los defensores de los derechos humanos, Michel Frost, reiteraron su llamada a las autoridades egipcias para terminar con el recorte de las libertades públicas.
En cambio, recomendaron al Gobierno que tome medidas activamente para promocionar el pacífico y legítimo ejercicio de la libertad de expresión y de reunión en el país.
Por último, expresaron su particular preocupación por el uso de la seguridad nacional y legislación contra el terrorismo contra individuos que están ejercitando sus derechos, como periodistas y activistas de derechos humanos.
"Las preocupaciones respecto a la seguridad no deberían ser utilizadas como un pretexto para hostigar a periodistas, abogados, manifestantes, ni para prohibir a la oposición política pacífica, ya que no sólo se socavará el debate público sobre los derechos fundamentales, sino la seguridad y la estabilidad del país a largo plazo", concluyeron.
