BRUSELAS.- La justicia europea dio la razón este martes al Reino Unido al acordar el derecho a limitar algunas ayudas sociales a los migrantes europeos, uno de los temas más sensibles en la campaña del referéndum sobre la pertenencia del país a la Unión Europea.
"El Reino Unido puede exigir que los beneficiarios de los complementos familiares y del crédito fiscal por hijo a cargo gocen del derecho de residencia en dicho Estado", señala el tribunal y precisa que aunque se considere este requisito como una "discriminación indirecta", "está justificado por la necesidad de salvaguardar" las arcas públicas.
Con este fallo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desestima el recurso interpuesto por la Comisión Europea en 2014 con el que pedía condenar a Londres por el requisito adicional impuesto por el Reino Unido para otorgar prestaciones sociales a los ciudadanos de la UE, que consideraba discriminatorio y contrario a la legislación comunitaria.
En el sistema británico, las autoridades verifican primero si la persona reside legalmente en el país antes de otorgarle el derecho a las prestaciones, cuando para la Comisión, la legislación comunitaria "sólo tiene en cuenta la residencia habitual del solicitante".
Las prestaciones sociales para los migrantes europeos son uno de los puntos clave de la campaña del referéndum británico del 23 de junio sobre la permanencia del Reino Unido en la UE.
El primer ministro británico, David Cameron, se lanzó a principios del año en una renegociación de las condiciones de la adhesión de su país a la UE con el objetivo de convencer al electorado británico de votar por seguir en el bloque. El enfoque restrictivo de las prestaciones sociales familiares constituyeron uno de los puntos de renegociación.
Estas nuevas disposiciones, que le otorgaron sus 27 homólogos en una cumbre en febrero y que entrarían en vigor si el Reino Unido decide permanecer en la UE, da la posibilidad a Londres de congelar las prestaciones en caso de llegada masiva de trabajadores de otros Estados de la UE.
También limitan el monto de las prestaciones que pueden enviar los trabajadores europeos por cada hijo que se haya quedado en el país de origen.
