SANTIAGO.- Tras las maratónicas jornadas anteriores, todo hacía creer que la sesión en que el Senado brasileño finalmente destituyó del cargo de Presidenta de la República a Dilma Rousseff sería corta, con sólo cuatro intervenciones de parlamentarios y la votación final. Sin embargo, eso no fue así, ya que hubo un hecho que marcó la jornada y que también selló el futuro de la ahora ex Mandataria en un aspecto muy importante.
Se trata del requerimiento presentado por los senadores del Partido de los Trabajadores (PT), en el cual se solicitó hacer dos votaciones en vez de sólo una: por un lado, la destitución de Rousseff, y por el otro, la decisión de inhabilitarla para ejercer cargos públicos durante ocho años. Tras una larga discusión, el presidente del Tribunal Supremo, Ricardo Lewandowski, accedió a la petición, pese al fuerte rechazo de varios parlamentarios.
Con eso, y una vez consumada la destitución de la jefa de Estado, se procedió a la segunda votación, en la cual se confirmó que la líder del PT sí mantendrá sus derechos políticos, un punto bastante importante si es que quiere reaparecer en la escena pública.
"Sin duda es una victoria personal para Dilma Rousseff, porque esta parte de la pena era muy individual, ya que la pérdida del cargo era más institucional", consideró Silvana Batini, profesora de Derecho en la Fundación Getulio Vargas de Rio de Janeiro.
¿Pero qué significa esto? De partida, que Rousseff podrá postular a cargos de elección popular, como un puesto parlamentario o municipal. Sin embargo, no podrá aspirar a la Presidencia inmediatamente en los comicios de 2018 porque ya tuvo dos mandatos consecutivos, pese a que el último no lo completó.
Asimismo, quedó habilitada para ejercer cargos públicos, como trabajar en alguna universidad o escuela pública.
Beneficios de ex Presidenta
Pero también, esta resolución permite a Rousseff conservar los beneficios de los ex jefes de Estado. Así, podrá nombrar a ocho funcionarios de su preferencia para que ejerzan como asesores, guardaespaldas y conductores. Asimismo, tendrá a su disposición dos vehículos públicos con placa patente oficial.
Por otro lado, podrá dejar el Palacio de la Alvorada, la residencia presidencial, y volver a su hogar en la ciudad de Porto Alegre en un avión de la Fuerza Aérea de Brasil, aunque no volverá a tener a su disposición las naves oficiales.
Del mismo modo, el Estado deberá asumir los costos de la transferencia de sus pertenencias personales y del llamado acervo presidencial, principalmente documentos, hasta su nuevo lugar de residencia.
No obstante, dejará de recibir el sueldo mensual de Estado de 30.000 reales, unos 9 mil dólares.
