La Alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió este lunes que el espacio democrático en Venezuela podría reducirse más aún y criticó al Ejecutivo de Nicolás Maduro por no detener las ejecuciones extrajudiciales.
Al presentar información actualizada sobre la situación en el país en la sesión de apertura del Consejo de DD.HH., la titular del organismo denunció a cuerpos de las fuerzas de seguridad por abusos que están bien documentados.
Las críticas incluyeron acusaciones por "casos de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular de militares".
En ese sentido, lamentó que el Gobierno venezolano no haya evidenciado ninguna voluntad de atender su solicitud de disolver la
Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional, a la que se atribuyen ejecuciones extrajudiciales, y que en lugar de ello haya optado por reafirmar públicamente su apoyo a la entidad.
De hecho, hizo referencia a información recibida de la ONG Monitor de Víctimas y que identifica 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas en julio en Caracas.
Además, hizo alusión a un proyecto de ley que busca sancionar a organizaciones que realizan actividades de derechos humanos nacionales y que reciben fondos desde el extranjero."Si esta ley es aprobada y se aplica, reducirá más el espacio democrático. También lamento los ataques del gobierno contra la independencia de las universidades", aseveró.
De todas formas, Bachelet reconoció que el Gobierno ha concretado ciertas concesiones a su organismo. Mencionó que un equipo de su oficina -cuyo tamaño no precisó- ha podido volver a trabajar dentro de Venezuela y confirmó que el pasado viernes pudo entrar por sexta vez en el Centro de Procesados Militares Ramo Verde.
También reconoció que, tal como se lo había prometido, el Ejecutivo excarceló a 83 personas, pero hizo hincapié en que queda pendiente la liberación de la jueza María Lourdes Afiuni y del periodista Braulio Jatar.
Crisis económica y social
Por otra parte, la Alta comisionada informó que sigue empeorando la crisis económica y social en el país, que ha obligado a 4,3 millones de venezolanos a abandonar el país y que se ha convertido en el caso de hiperinflación más grave experimentado en Latinoamérica.
Si en junio el sueldo mínimo mensual equivalía a 7 dólares, hoy representa sólo 2 dólares, "lo que significa que una familia necesitaría el equivalente a
41 salarios mínimos para cubrir la canasta básica familiar".
En este ámbito, Bachelet reconoció el impacto que están teniendo las sanciones de EE.UU. en el agravamiento de los derechos humanos en Venezuela.
Por último, informó que algunas ONG que colaboraron con su organismo para preparar el último informe sobre Venezuela han sido denunciadas públicamente y sus representantes amenazados por altos funcionarios. "Las represalias por colaborar con la ONU son inaceptables. Insto a las autoridades a que tomen medidas preventivas", señaló.
La situación en Venezuela será seguida de cerca en la sesión de tres semanas que ha iniciado el Consejo de Derechos Humanos, con el impulso del llamado "Grupo de Lima", conformado por países de la región que han reconocido al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaido, como presidente del país.
