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A un día del cierre del concurso cinco abogados han postulado para dirigir la Fiscalía Occidente

El nuevo jefe regional deberá asumir las investigaciones de los denominados caso Tsunami y Basura.

03 de Noviembre de 2015 | 16:13 | Por Andrea González Schmessane, Emol
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Solange Huerta dejará su cargo tras ocho años.

El Mercurio (Archivo)
SANTIAGO.- A un día del cierre del concurso para el cargo de fiscal regional metropolitano Occidente, cinco son los abogados que han entregado sus antecedentes a la Corte de Apelaciones de Santiago.

Se trata del fiscal del caso SQM, Emiliano Arias; el fiscal jefe de Maipú, Tufit Bufadel; el fiscal jefe de la Fiscalía Local Especializada de Delitos Antinarcóticos y Crimen Organizado de la Fiscalía Sur, Héctor Barros; el fiscal jefe de Curacaví, Luis Cáceres; y la coordinadora de la Unidad de Corte de Fiscalía Occidente, Yasna Ríos.

Una vez recibida todas las postulaciones -el plazo culmina este miércoles a la medianoche- el tribunal de alzada votará la terna para que luego el Fiscal Nacional nombre a la máxima autoridad de la Fiscalía Occidente que sucederá en el cargo a Solange Huerta.

El nuevo jefe regional, en tanto, deberá asumir las investigaciones del denominado caso Tsunami -que persigue a todos quienes resulten responsables de cuasidelito de homicidio por su presunta responsabilidad la fallida alerta de maremoto tras el megasismo registrado en la zona centro sur del país la madrugada del 27 de febrero de 2010- cuya audiencia preparatoria de juicio está programada para el 15 de diciembre.

Asimismo, deberá encabezar el caso Basura, que indaga presuntos actos de corrupción que tienen relación con actos de asociación ilícita, fraude al fisco, cohecho, malversación de fondos públicos y lavado de dinero ocurridos en los municipios de Maipú y Cerro Navia.

Los aspirantes al cargo debían cumplir con algunos requisitos como tener derecho a sufragio, haber cumplido 30 años de edad, tener a lo menos cinco años el título de abogado y no encontrarse sujeto a alguna de las incapacidades e incompatibilidades previstas en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público.
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