SANTIAGO.- El fiscal regional metropolitano Occidente, José Luis Pérez Calaf, justificó la oferta de suspensión condicional del procedimiento que le hizo al ex subsecretario del Interior Patricio Rosende, la ex directora de la Onemi Carmen Fernández y al ex jefe del Centro de Alerta Temprana Johaziel Jamett, esto con el propósito de evitar que vayan a juicio oral.
"Entre llevar seis acusados a juicio oral y llevar tres, la dimensión de ese juicio oral debiera disminuir sustancialmente. Esa fue mi motivación para ofrecer estas salidas alternativas. Mi idea era llevar a menos personas a juicio oral para que no sea tan extenso", señaló el fiscal, según publica "El Mercurio".
"Obvio que tuve en cuenta los recursos del Estado. Para nosotros un juicio para todos nos significa tener a tres fiscales —si no es que cuatro— no tomando denuncias, no yendo a juicio oral por delitos más graves penalmente que este, desatender una cantidad de víctimas, quizás mayores a la del tsunami mismo", sentencia.
Y junto con esto, dijo que "nuestro sistema procesal no está preparado para juicios tan largos, de tanta envergadura".
En una semana que se ha denominado como "clave" para desentramar estos acuerdos, el fiscal Pérez Calaf dice que aún estos no están zanjados.
La primera quincena de febrero, el nuevo jefe regional se reunió con los abogados de Rosende, Fernández y Jamett. A ellos fue a los primeros que les ofreció suspender su causa, a cambio del pago de $80 millones, $40 millones y $2 millones, respectivamente, como "reparación".
Trascendió que para todos los imputados estos montos serían inalcanzables, pero ayer el primero en aceptar las condiciones fue Jamett.
Pérez Calaf fue enfático: "Mi idea siempre fue poner un piso, para no moverse más abajo", asegurando que no se bajarán los montos exigidos como condiciones.
Todos o ninguno
Además, otra de las condiciones es que "si no eran los tres (que aceptaban la salida alternativa), no era ninguno, entonces eso implicaba una obligatoriedad de que esos tres imputados se pusieran de acuerdo en el sentido de que ninguno de ellos se bajara (…) Todos o ninguno".
En las tratativas, el fiscal regional ha dividido al grupo entre "el mando político y la Onemi" y por otro lado "los técnicos", que son los funcionarios del SHOA a quienes se les atribuye mayor responsabilidad en la alerta fallida de maremoto el 27 de febrero de 2010.
Suspensión a marinos
Pese a que al ex director del SHOA Mariano Rojas, al ex capitán de fragata Andrés Enríquez y al ex jefe de turno Mario Andina, en un inicio solo les ofreció juicio abreviado, el fiscal Pérez Calaf dijo que en las últimas horas "nos abrimos a la posibilidad de plantear también una salida alternativa respecto de ellos".
Los requisitos (pago de $40 millones cada uno) están en análisis de los ex marinos que tendrán una respuesta de aquí al viernes.
Finalmente, ante las críticas de querellantes y víctimas por los acuerdos, sentenció "sinceramente me afecta que una víctima pueda no sentirse satisfecha, pero lamentablemente tengo que ir más allá de eso".
