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Caval: Arquitecta imputada aseguró que alcalde de Machalí sabía de tratativas por terrenos

En su declaración, dada a conocer esta mañana por la Fiscalía, Cyntia Ross sostuvo que en las conversaciones y operaciones de la venta de los predios participaron funcionarios públicos y privados.

15 de Abril de 2016 | 10:49 | Aton Chile
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La defensa de la arquitecta solicitó el cambio de medida cautelar de arresto domiciliario por la de firma quincenal y arraigo nacional.

El Mercurio (Archivo)
SANTIAGO.- En medio de la revisión de las medidas cautelares que pesan para dos imputados en el denominado Caso Caval, el síndico Herman Chadwick y Cynthia Ross, ésta última reveló que el alcalde de Machalí, José Miguel Urrutia (UDI), conocía todos los movimientos que llevaron a la cuestionada venta de terrenos que originaron el escándalo judicial que involucra a la empresa de propiedad de Natalia Compagnon, nuera de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet.

Ross, ex funcionaria de ese municipio, declaró ante el fiscal José Moya que el jefe comunal estaba al tanto de todas las operaciones tendientes a concretar el cambio de uso de suelos y con ello materializar la venta de los predios en los que la empresa Caval pretendía construir un proyecto inmobiliario.

En su declaración, ratificada en la audiencia de hoy por el fiscal Moya, la arquitecta y ex asesora municipal de Machalí aseguró también que en las conversaciones y operaciones para la concreción de la venta de los predios participaron y estuvieron al tanto funcionarios públicos y privados.

Cynthia Ross enfrenta hasta hoy la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y en la audiencia de hoy su defensa solicitó el cambio de éstas por la de firma quincenal y arraigo nacional, petición sobre la cual deberá pronunciarse el Tribunal de Garantía de Rancagua.

El tribunal analizará además la petición de modificar las medidas cautelares que pesan sobre el síndico Herman Chadwick, actualmente con arresto domiciliario total, quien previo a la audiencia de este viernes pagó 900 millones de pesos, lo que podría contribuir a que el Ministerio Público desista de solicitar, justamente hoy, la prisión preventiva.
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