SANTIAGO.- La ministra de Justicia, Javiera Blanco, ordenó una intervención total de Gendarmería, luego del escándalo generado por el aumento injustificado de remuneraciones del personal y la consiguiente entrega de altas pensiones, como por el relajo de medidas de seguridad para la custodia de internos, entre otros problemas.
La medida adoptada por la secretaria de Estado fue notificada el pasado viernes al director de la institución, Tulio Arce, mediante un oficio firmado por el subsecretario de la cartera, Ignacio Suárez, quien tendrá a su cargo el plan de intervención, según informa El Mercurio.
Además, se le informó que el ministerio dispuso un sumario, "a fin de determinar la probable existencia de responsabilidades administrativas en eventuales aumentos injustificados de remuneraciones", según reza el documento.
Para llevar a cabo la revisión, la cartera nombró como fiscal ad hoc al abogado de la Fiscalía del Ministerio de Justicia, Ciro Cornejo, quien se constituirá a partir de mañana en la dirección nacional del servicio penitenciario y tendrá un plazo inicial de 60 días para formular sus conclusiones.
Por otro lado, se iniciará una auditoría interna a los procesos de personal, pago de asignaciones especiales "y fundamentalmente sobre el ejercicio de las facultades (del director nacional) de disponer el pago de funciones críticas al personal", añade el texto.
La decisión surgió luego de conocerse las elevadas pensiones recibidas por funcionarios de alto rango; entre ellos, la esposa del diputado PS Osvaldo Andrade, Myram Olate, quien como ex subdirectora técnica percibe $5.214.799.
Otros cinco casos similares fueron bloqueados por la Contraloría, que los declaró ilegales, y emitió un dictamen que señala que los funcionarios de esta institución no pueden recibir pensiones superiores a las 60 UF, asimilándolos a los empleados públicos. a pesar de que ellos, para estos efectos, dependen de la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca).
La fiscalización estará a cargo de la Unidad de Auditoría Ministerial de la cartera. El plazo para tener los resultados de la revisión es "a la brevedad", según se dijo, pero no puede exceder los 60 días.
Desde Coquimbo, la ministra Blanco se refirió por primera vez al tema y sostuvo que "el Ministerio de Justicia no calcula ni paga las pensiones... ni de Gendarmería ni de ninguna autoridad del país" y agregó que organismos específicos como Capredena y Dipreca son los encargados de elaborar esas asignaciones.
Además, recalcó que es la Contraloría es la que "vigila" la legalidad de las rentas. Consultada respecto de su evaluación de Tulio Arce y su continuidad al mando de Gendarmería, Blanco declinó referirse al tema y se limitó a afirmar que "nosotros lo que hacemos hoy es trabajar con él, en la modernización y todos los avances".
Control sobre Arce
También se le informó al director de Gendarmería que durante el período que se realicen estos procesos internos, "todo cambio permanente de funciones, planta o calidad jurídica del personal, así como aquellos aumentos, disminuciones o asignaciones de función crítica", deberán ser informados al subsecretario Suárez.
Asimismo, se le advirtió que deberá ejercer su facultad de otorgar asignación por función crítica "solo en la medida en que la asignación sea estrictamente necesaria para el cumplimiento de las funciones que sean relevantes o estratégicas" para la gestión institucional.
Ello, debido a que figuran con este beneficio funcionarios que no realizan actividades operativas, como la propia ayudante de Arce, su jefe de gabinete, el director de la escuela institucional y los directores regionales.
