SANTIAGO.- Negociación incompatible. Esa es la calificación jurídica de los hechos que persigue la fiscalía tras la denuncia presentada la semana pasada por Contraloría respecto a cinco funcionarios públicos cuyos patrimonios fueron cuestionados.
Así lo detalló este martes el fiscal regional metropolitano Sur, Raúl Guzmán, a cargo de la indagatoria que involucra a los jefes de finanzas y similares de los gobiernos regionales de Los Lagos y del Biobío, del hospital regional de la octava región, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y el Mop.
"El próximo paso es analizar los antecedentes junto con el equipo que vamos a conformar para investigar este hecho y de acuerdo a ello es que se van a disponer las primeras diligencias entre las cuales está recabar mayor información a Contraloría", detalló el abogado.
Asimismo, adelantó que los investigadores que serán incluidos en el equipo pertenecen a fiscalía especializada de delitos violentos y económicos de la fiscalía sur, quienes serán convocados durante esta jornada para comenzar con las primeras pesquisas.
Sobre el delito en cuestión, Guzmán explicó que se trata de hechos que tienen un castigo de reclusión menor en su grado medio, mencionando que si bien desde el punto de vista de la penalidad no es tan grave, "sí lo es por el abuso del ejercicio de la función pública para participar en actos y contratos en los cuales puede tener directa o indirectamente interés el funcionario público".
Por último, afirmó que una vez reunidos todos los antecedentes, y en caso que hayan intereses fiscales comprometidos, serán remitidos al Consejo de Defensa del Estado para que se haga parte del caso.