SANTIAGO.- La Cámara de Diputados vota hoy en particular el proyecto de educación superior, una de las iniciativas emblemáticas que impulsó el Gobierno en respuesta a las principales demandas que levantó el movimiento estudiantil.
Pero la tramitación del proyecto –que ya lleva más de un año en el Congreso– ha sido compleja. Apenas ingresó a la Cámara, en julio de 2016, recibió críticas de diversos grupos, incluyendo estudiantes, parlamentarios y rectores de universidades públicas y privadas. Todo eso llevó a que el Ministerio de Educación ingresara una indicación sustitutiva, que dividió y acotó el proyecto de ley, separando el ítem de universidades estatales.
Finalmente, en los últimos tres meses el proyecto de ley comenzó a avanzar etapas en su tramitación, y a fines de junio fue aprobado en particular en la Comisión de Educación de la Cámara y, posteriormente, en la Comisión de Hacienda.
Su eventual aprobación de hoy en la Cámara marcaría un paso clave en su tramitación, dejándolo listo para continuar con su segundo trámite legislativo en el Senado. Todo esto en medio de la premura del Ejecutivo, pues se acortan los plazos para que la iniciativa alcance a ser despachada durante la actual administración, considerando que el año legislativo concluye en el mes de enero.
Entre los puntos que concentrarán la atención en la votación de hoy se cuenta la gratuidad. La fórmula propuesta por el Gobierno contempla ampliarla el próximo año hasta el 60% de menores ingresos y, a partir de ahí, su avance hacia los próximos deciles dependerá del crecimiento económico futuro del país, basado en el PIB tendencial, con lo que la gratuidad universal llegaría cuando la recaudación fiscal sea de 29,5% del PIB tendencial.
Dicha fórmula es criticada por los parlamentarios de Chile Vamos, que cuestionan gastar esos recursos en financiar la educación de los estudiantes más acomodados. De hecho, en RN acordaron apoyar la gratuidad hasta el 60% más vulnerable. Sin embargo, en la Nueva Mayoría, si bien hay parlamentarios que desearían que se acortaran los plazos para llegar a la gratuidad universal, en general respaldan el mecanismo y se prevé su apoyo en la sala.
Otro aspecto que genera discusión entre los legisladores tiene que ver con las nuevas exigencias de la acreditación, que ahora será obligatoria para las instituciones, las que deberán certificarse en todas las áreas –incluida investigación– o, de lo contrario, podrían ser cerradas. Esto es criticado por los diputados de oposición, que advierten que un alto número de planteles debería cerrar.
La irrupción del CAE en el debate
Un tercer aspecto que podría concitar la atención en la votación de hoy es el Crédito con Aval del Estado (CAE), que si bien no formaba parte del proyecto de ley original, sí terminó siendo parte de la discusión. Esto ya que, a petición de parlamentarios de la Nueva Mayoría, se terminó incluyendo en este proyecto el compromiso del Ejecutivo de eliminar el crédito, para lo que enviará una iniciativa legal en el segundo semestre de este año.
Este aspecto incluso mantuvo en vilo el apoyo del Partido Comunista durante la votación de la idea de legislar, en abril pasado, aunque le terminó dando su respaldo. Y hace tres semanas otro episodio tensionó al Gobierno, cuando los diputados Giorgio Jackson (RD) y Camila Vallejo (PC) lograron aprobar en la Comisión de Educación una indicación para eliminar el CAE a partir del 1 de enero de 2019. Sin embargo, el Ejecutivo logró revertir esa medida en la Comisión de Hacienda, donde se aprobó que esto ocurrirá siempre que hubiese otro mecanismo que lo reemplace.
Esto hace dudar de cuál será la votación en la sala sobre este punto, especialmente de los diputados de la "bancada estudiantil".
A esto se suman las fuertes críticas que ha impulsado el Consejo de Rectores al proyecto de ley, pues advierten que, tal como está, éste podría dar espacio a la intervención del Gobierno de turno en temas que hoy competen a las universidades. Entre los puntos que cuestionan, se cuenta que el sistema de admisión quede en manos de una Subsecretaría de Educación Superior, y que el Ejecutivo pueda fijar los aranceles y vacantes de los planteles.
Sin embargo, los rectores apuestan por dar la batalla por esos temas no en la votación de hoy, sino una vez que el proyecto de ley pase a la Comisión de Educación del Senado.
