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"Aporte por gratuidad": ¿Qué es y por qué enfrenta al Gobierno con los colegios, la oposición e incluso parte del oficialismo?

El Ejecutivo decidió "congelar" ese aporte, que se entrega a los colegios subvencionados que son gratuitos, pese a que la Ley de Inclusión establece que éste debía incrementarse en 2018.

12 de Octubre de 2017 | 11:36 | Emol
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El aporte se mantendrá "congelado" en $8.393 por alumno en 2018, pese a que debía aumentar a $10.791.

El Mercurio (archivo)
SANTIAGO.- Hace unos días se conoció que el Gobierno decidió "congelar" el aporte por gratuidad que se entrega a los colegios que no cobran copago, generando la molestia de los sostenedores y la crítica de diversas fundaciones y parlamentarios.

El aporte por gratuidad es una asignación que fue creada con la Ley de Inclusión –que se aprobó en 2015–, la que se entrega a los colegios municipales y particulares subvencionados que sean gratuitos, sin fines de lucro y estén suscritos a la Subvención Escolar Preferencial (SEP).

$80 mil millonesmenos de lo contemplado recibirían, en conjunto, los colegios en 2018
Esta asignación es uno de los incentivos –junto al aumento de otras subvenciones– para que los colegios particulares subvencionados opten por terminar con el cobro del copago que realizan a las familias y comiencen a ser gratuitos.

Según establece la Ley de Inclusión, el monto del aporte por gratuidad irá subiendo progresivamente en tres etapas: En 2016 fue de cerca de $5 mil por alumno, en 2017 de $8.393 y en 2018 correspondía que aumentara a $10.791 (0,45 unidades de subvención educacional).

Sin embargo, para sorpresa de los sostenedores, el Gobierno estableció en el proyecto de Ley de Presupuesto –enviado al Congreso en septiembre– que el monto del aporte por gratuidad se mantendrá en 2018 en los $8.393 actuales, y no se incrementará como estipula la Ley de inclusión.

Recursos contemplados para ese ítem deberán destinarse a Salud


La explicación que han dado desde el Ministerio de Educación es que la decisión se adoptó debido a una "situación compleja del punto de vista financiero" y que los recursos del erario nacional que estaban contemplados para aumentar el aporte por gratuidad se debieron destinar a otras áreas, principalmente Salud y también Obras Públicas.

"Esto no es un engaño, es enfrentar una situación compleja del punto de vista financiero (...) Y esto básicamente está destinado a temas de Salud. Son recursos generales de la Nación, pero la explicación del ministro de Hacienda es que esto tiene que ver con aportes a Salud que habían quedado desfinanciados y algún aporte para Obras Públicas", señaló ayer la ministra Adriana Delpiano. Mientras que la subsecretaria, Valentina Quiroga, explicó que "las decisiones tienen que ver con la responsabilidad fiscal, que es importante respetar como país".

La ministra remarcó que el incremento de ese aporte sólo se diferirá "por un año y no más que eso", por lo que en 2019 debería concretarse el aumento.

Críticas transversales y amenaza de rechazar presupuesto de Educación


Sin embargo, la decisión ha provocado críticas transversales, tanto de sostenedores, fundaciones y parlamentarios de diversos sectores.

Según las estimaciones de Libertad y Desarrollo, los colegios, en conjunto, recibirán cerca de $80 mil millones menos de lo que tenían contemplado por el congelamiento del aporte por gratuidad, lo que afectaría a cerca de 2 millones 700 mil estudiantes.

Ayer la propia ministra Delpiano reconoció que si bien el monto "por alumno no es tanto" (cerca de $2 mil), en el conjunto de los colegios "es un volumen de recursos muy sustantivo".

En Libertad y Desarrollo y Acción Educar acusan que el Gobierno ha preferido priorizar la gratuidad en educación superior a costa de no cumplir con los compromisos contraídos con los colegios y cuestionan que no se respete una ley vigente. También afirman que esto "rompe la confianza" entre el Gobierno y los colegios particulares subvencionados. En Educación 2020 también han manifestado críticas, afirmando que congelar dicho aporte "es un disparo a los pies de la reforma".

Entre los sostenedores, desde la Sociedad de Instrucción Primaria (SIP) afirman que sus 17 colegios sufrirán una merma de $540 millones, los que pretendían destinar a reajustes salariales de profesores y proyectos para los alumnos. También señalan que "los sostenedores, una vez más, van a dudar de la credibilidad del ministerio".

Ante esta situación, parlamentarios de diversos sectores han advertido que si la situación no se modifica rechazarán la partida de Educación de la Ley de Presupuesto.
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