Héctor Aravena, El Mercurio
SANTIAGO.- La
presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE),
María Eugenia Manaud, no oculta su molestia al referirse al caso Penta. Esta semana fue aceptado el procedimiento abreviado tras una reformalización y acusación verbal que los excluyó como querellantes.
La decisión del fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, fue "sorpresiva", dice. Además, se enteró por la prensa del acuerdo para el procedimiento abreviado ya que el investigador no les consultó su opinión.
Con respecto a la sentencia, al preguntarle si ésta podría influir en otro casos de financiamiento irregular de la política, la también presidenta del Comité Penal del consejo espera "que no, porque, a mi juicio, aquí hay una interpretación torcida de la ley y, por lo tanto, no debiera volver a ocurrir. El caso no está cerrado aún. Hay una investigación en curso que afecta a la empresa Penta por la responsabilidad de la persona jurídica en relación con un delito de soborno a un funcionario del SII. En esta arista nos vamos a mantener activos y esperaremos que se dicte la acusación".
Así, explicó que "hay un artículo del Código de Procedimiento Penal que permite la participación del querellante e incluso hacer su acusación particular distinta a la del Ministerio Público calificando y pidiendo una pena diferente, sobre la base de hechos contenidos en la formalización. No está previsto en el código hacer una reformalización en los términos que se hizo -con supresión de hechos y delitos- y que el querellante quede excluido. Es una interpretación torcida de la ley, porque no es una interpretación coherente de todas la normativas que regulan la intervención del querellante".
Revisa la entrevista completa en la edición de este sábado de
"El Mercurio".
