SANTIAGO.- Tras dos semanas de discusión, la espera llegó a su fin. Ayer, el Gobierno ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto que busca que las policías puedan pedir a mayores de 14 años su identificación.
En un comienzo se anunció desde el Ejecutivo la intención de incluir además el registro de vestimentas, lo que finalmente terminó por ser descartado. En tanto, las modificaciones que se mantuvieron están enfocadas principalmente en dar mayor atribución de control a Carabineros y PDI y así prevenir delitos de alta connotación social.
De hecho, para defender la controvertida propuesta
el ministro del Interior, Andrés Chadwick, sostuvo que la participación de jóvenes entre 14 y 18 años aumentó en un 20% en robos con violencia e intimidación; 29% en robo de vehículos; 49% en porte y tenencia de armas; y un 90% en la participación de bandas criminales.
Sus dichos encontraron respaldo en distintas autoridades, como el mismo general director de Carabineros, Mario Rozas, quien aseguró que "nosotros como institución hemos madurado en los controles que hacemos y ciertamente esta herramienta aumenta la sensación de seguridad".
Según cifras enviadas a Emol por la policía uniformada mediante Ley de Transparencia, entre 2017 y 2018 se realizaron 7.186.781 controles preventivos: casi 9.845 al día.
Así también, los mismos datos revelan que dichas fiscalizaciones implicaron 144.548 detenciones. Es decir, el 2% del total de los procedimientos realizados en dicho periodo culminó en una aprehensión.
Control de identidad vs. control investigativo
Actualmente la ley faculta a las policías para realizar dos tipos de controles: investigativo y preventivo.
El primero existe desde 1998 y permite el consultar identidad y registrar vestimentas, equipaje y vehículos sin importar la edad de la persona. Ello, siempre y cuando se tenga un "indicio" de que esta haya, o vaya, a participar en un crimen, simple delito o falta. El controlado puede ser retenido por hasta 8 horas.
En tanto, en 2016, se discutió y aprobó el segundo, el cual permite pedir identificación a adultos que estén en la vía pública. Por norma, el operativo no debería durar más de una hora.
144.548controles entre 2017 y 2018 generaron una detención.
Ante ello, el abogado y
profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (UDP), Mauricio Duce, detecta una serie de problemas.
"Con el control preventivo se fue derogando el investigativo, ya que puedes hacer lo mismo sin la exigencia de demostrar un indicio. En la práctica, los investigativos han bajado, mientras que los otros han aumentado", explica el docente que estudia el tema.
De hecho, a fines del año pasado la Corte Suprema ordenó a Carabineros entregarle información detallada sobre esta herramienta, la cual había sido solicitada por Ley de Transparencia.
Así, Duce indica que entre 2011 y 2015 se realizaban anualmente cerca de 2 millones de controles investigativos. Actualmente la cifra es considerablemente menor.
Los datos de este medio constatan que, mientras los controles preventivos aumentaron en un 57% entre 2017 y 2018 -pasando de 2.791.715 a 4.395.066-; los investigativos bordearon los 400 mil por año.
Esto, añade el litigante, aun cuando son estos últimos los que aparentan ser "más efectivos", ya que, indican datos de Emol, 37.503 de los 822.721 procedimientos realizados entre 2017 y 2018 generaron una detención (4,5%).
"Punto ciego"
Para el jefe de la unidad de defensa especializada de la Defensoría Penal Pública (DPP), Pablo Aranda, el control preventivo "no tiene una causa que lo justifique".
"No se pide indicio ni nada, es solo la sospecha. ¿Cómo se puede ampliar una facultad que ya ha demostrado que solo en un 2% tuvo resultado de relevancia penal? Se detuvo a más de 7 millones de personas que no tenían nada que ver. Eso implica gasto de tiempo y recursos", planteó.
En esa línea, tanto Aranda como Duce, explicaron que las detenciones registradas pueden deberse a
una orden de detención pendiente o a un delito flagrante, que puede ir desde mentir a la autoridad en la identidad, a portar armas o drogas.
"Carabineros no está generando la información sobre la causa de las detenciones y ese es un punto ciego", recalca Duce.
A su juicio, dicho detalle "es un indicador importante para ver qué tan efectivo es el control. Por ejemplo, de acuerdo a mis datos, solo el 30% de los descubiertos con una orden vigente quedó privado de libertad. Eso muestra que los delitos no son tan gravosos. Hay que investigar y ni Carabineros ni las autoridades han hecho un verdadero diagnóstico".
"El espíritu de la ley es que se produzcan datos que permitan hacer juicios precisos y evaluar cómo se ocupa la herramienta (...) El Gobierno no tenía un diagnóstico de cómo funcionaba y se lanzó con un proyecto", sentencia el abogado.
