Una dura ofensiva de la oposición deberá enfrentar el Gobierno a partir de la próxima semana, cuando comience la seguidilla de interpelaciones contra varios ministros de Estado. Ellos, deberán concurrir hasta la Cámara de Diputados para responder por varios temas relacionados a sus carteras.
La primera en ser sometida a esta acción será la titular del Trabajo, María José Zaldívar, quien el próximo martes 7 de enero será interrogada sobre el sistema de pensiones, tema en que el Ejecutivo espera avanzar en los próximos días con nuevas iniciativas.
Al día siguiente (miércoles 8 de enero) será el turno del ministro de Salud,
Jaime Mañalich, quien será interpelado por el presente de la salud pública en Chile: hay profesionales que acusan falta de insumos y de especialistas, y se le consultará sobre sus medidas para superarlos. Asimismo, se le preguntará por los recursos destinados al fortalecimiento de la salud, infraestructura hospitalaria y necesidades del sistema público.
El jueves 9 de enero, en tanto, se efectuará la interpelación al titular de Hacienda, Ignacio Briones, quien será consultado sobre el modelo de desarrollo y rol del Estado en la economía, la distribución de la riqueza en el país y el endeudamiento público, entre varias otras materias. Esta última medida ha sido adoptada como una forma de financiar la agenda social.
Y a la semana siguiente le corresponderá a la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt. Será el martes 14 de enero, cuando tendrá que responder por su desempeño durante la COP25 realizada en Madrid, y que Chile presidió. Así como también por las políticas públicas que ha adoptado el Gobierno para frenar la crisis climática que enfrenta el país.
¿Un abuso o una buena herramienta?
Días atrás, cuando se conoció la intención de la oposición de impulsar estas interpelaciones contra varios ministros, la vocera de Gobierno, Karla Rubilar, indicó que, aunque se trata de una facultad que está dentro de "nuestro ordenamiento jurídico", se debe cuidar.
"Nosotros como Gobierno vamos a estar siempre disponibles a hacerlo; sí nos llama la atención de tener un anuncio de cuatro interpelaciones seguidas, de cuatro ministerios diferentes, después de haber salido de cinco acusaciones constitucionales, cuatro de ellas a miembros de nuestro Gobierno", expresó.
7de enero será la primera interpelación y la protagonizará la ministra María José Zaldívar.
En ese contexto, Rubilar señaló que "pedimos al Congreso que no se abuse de esta herramienta, porque cuando se abusa de la interpelación, de una acusación, de la comisión investigadora, finalmente se deslegitima la herramienta. Y nosotros queremos que el Congreso tenga herramientas poderosas para hacer al Gobierno rendir cuenta".
Pese a esto, al interior de Chile Vamos también han existido algunas voces que han apoyado el uso de este mecanismo. Así, el presidente de RN, Mario Desbordes, expresó: "Me parece que las interpelaciones son una buena herramienta, las incorporó en la Constitución del 2005 el Presidente Lagos a petición de la oposición de la época que éramos nosotros. Por lo tanto, estar hoy oponiéndose a una interpelación es lo más contradictorio del mundo, porque estamos justamente diciéndole a la oposición 'use la interpelación', en vez de acusaciones constitucionales".
"¿Y por qué me parece una buena herramienta? Porque tenemos muy buenos ministros, yo estoy seguro de que los ministros que van a ser interpelados van a poder explicarle al Congreso y a la ciudadanía en qué están, qué están haciendo, porque tienen bastante que contar", remató Desbordes.
La acusación al intendente Guevara
Pero no sólo los ministros deberán enfrentar a la Cámara: también lo hará el intendente metropolitano, Felipe Guevara, cuestionado por aplicar un "copamiento policial" en la Plaza Baquedano, a raíz de la serie de concentraciones y enfrentamientos que se han producido desde el estallido social.
Este jueves
la oposición anunció que ingresará el libelo que por ley deben firmar un grupo de no menos de 10 y no más de 20 diputados. Luego, la Cámara debe elegir al azar una comisión de cinco miembros -que no puede incluir a los acusadores o miembros de la mesa- para que señale si la acusación procede o no. Su informe, sin embargo, no es vinculante.
Tras la notificación al acusado, Guevara tendrá 10 días para presentar su defensa ante la comisión, en persona o en escrito, para lo cual además deberá elegir a un abogado. Después de esta presentación, la comisión tendrá seis días para pronunciarse.
Así, el libelo pasaría al pleno de la Cámara, donde se verá si cumple con los requisitos que establece la Constitución (la denominada cuestión previa). Si se acoge, la acusación se caerá; por el contrario, si se rechaza, avanza a su debate y votación. Luego pasa al Senado que decidiría el futuro político de la autoridad.
