A prisión preventiva volverá Nicolás Ríos, el joven de 20 años que fue detenido por porte de molotovs a principios de enero por carabineros de civil en las inmediaciones del cerro Santa Lucía, y cuyo caso implicó amenazas a la jueza Karen Atala. Hasta este resolución cumplía arresto domiciliario.
La decisión fue adoptada ayer por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por los ministros Miguel Vázquez Plaza y Elsa Barrientos y la abogada integrante Carolina Coppo.
El tribunal de alzada estimó que la libertad de Ríos
"es un peligro para la seguridad de la sociedad", revocando así la resolución dictada a fines de febrero por el juez del
Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, quien le concedió, previo pago de una caución de $800 mil, la aplicación de dicha cautelar de arresto domiciliario.
"Que la naturaleza del delito por el que fuere formalizado el imputado; las circunstancias del mismo, teniendo además presente el contexto de su ejecución, que da cuenta de la peligrosidad de la acción de Ríos, toda vez que preparar, portar y lanzar una bomba molotov implica necesariamente aceptar las posibles consecuencias negativas que lograría al lanzar la bomba, como lo es el fuego y que generalmente es gran nivel de combustión (...) se revoca la resolución apelada", dice el fallo.
Fue el viernes 10 de enero cuando se viralizó por redes sociales un video en el que se muestra a un grupo de civiles deteniendo a Ríos, y llevándolo hacia un vehículo particular. Más tarde Carabineros confirmó que se trataba de un operativo de parte de efectivos del OS-9 por delito de porte y lanzamiento de artefactos incendiarios.
El control de aprehensión llegó hasta la sala de la magistrada Karen Atala, quien decretó la prisión preventiva y, según alegó la defensa del detenido, se negó a ver los videos en cuestión antes de determinar como legal su arresto. Esto último terminó siendo desmentido.
La situación implicó que tanto la jueza como su familia recibiera amenazas a través de redes sociales, lo que derivó en una denuncia ante el Ministerio Público y la presentación de una querella.
Posteriormente, el 15 de enero, la Corte de Santiago confirmó la resolución de Atala, y con ello la reclusión del joven. Ya el 25 de febrero Urrutia cambió la medida luego que se llevara a cabo una audiencia de revisión de cautelares.
