A. OBJETO Y MARCO DEL SEMINARIO

El tema “Ejército y DD.HH.: compromiso para el siglo XXI” es la propuesta que nos ha convocado. Constituye nuestro aporte al llamado de S.E. el Pdte. de la República formulado a los diferentes sectores, al dirigirse al país el pasado 28 de noviembre. Este seminario nace también de la necesidad de generar instancias de reflexión –en un plano académico de confianza mutua y de verdad– en la sociedad toda.

De allí nuestros agradecimientos a quienes han expuesto por su presencia, pero sobre todo por los planteamientos efectuados. El mundo ha cambiado, Chile ha cambiado; ha evolucionado la importancia que los Estados dan a los DD.HH., como lo expuso el ministro Ravinet, y, a su vez, se sitúan en un ámbito jurídico especial, como lo manifestara el ministro Bates y el Presidente del Senado Hernán Larraín, quien enfatizó las responsabilidades de todos y, por tanto, la obligación de cada uno a asumir su parte con valentía.

Asimismo, en nuestro país predominan ampliamente visiones que, como fuera expuesto por Ricardo Núñez, Jorge Burgos y Andrés Allamand, han transitado desde posiciones confrontacionales y rupturistas hacia escenarios donde todos los sectores –independiente de sus diferencias– aspiran a una sociedad democrática, estable, no confrontacional, desarrollada con equidad, tolerante, donde hayan espacios para cada chilena y chileno, y donde la cohesión social –entendida ésta como la unidad en la diversidad, sin fragmentación– nos permita construir el Chile que todos anhelamos.

En esta evolución, que exige una posición propia del siglo XXI en el tema de los DD.HH., esta jornada resulta un antecedente más, que se suma a otras vinculadas con la materia. En síntesis, el marco descrito hace aparecer como un imperativo de futuro explicitar nuestro compromiso con su tratamiento y enseñanza.

B. ESTADO DE LA CUESTIÓN QUE FUNDAMENTA EL COMPROMISO

¿Es acaso el Ejército el único comprometido con este asunto tan sensible para la sociedad chilena? Sin duda, no. Pero no se trata de encontrar compañía ni socios entre los cuales se pudieran disolver las responsabilidades que como institución nos compete. Nuestro compromiso radica en una interrogante que nos hemos venido planteando desde hace varios años.

Ésta es: ¿Cómo es que en una institución, cuya principal definición profesional está signada por su específica y exclusiva maestría de ser la administradora racional de la fuerza legítima del Estado, se pudo excusar o ignorar que una parte de sus miembros violara la dignidad de las personas a las cuales se buscaba neutralizar? Y debo consignar que en esta interrogante la palabra clave es la racionalidad de la administración de la fuerza.

¿Cómo es que sin que exista una sóla línea en nuestra reglamentación y enseñanzas que tolere tratos inhumanos se dio esta conducta en algunos militares? Es cierto, es doloroso plantearse estas interrogantes en que su sólo enunciado da cuenta que teniendo una base doctrinaria y moral sólida ella no impidió los abusos de autoridad, los vejámenes y otras acciones delictivas y éticamente reprochables de algunos de sus efectivos.

Pero hay otra cuestión que nos parece fundamental aclarar. Tengo la convicción profesional y moral que al propio Ejército le es conveniente no dilatar el análisis, que en este seminario concluye, para llegar a definiciones de nuestro futuro actuar en la temática que se ha desarrollado esta mañana.

En el sentido anterior, y por una cuestión directamente relacionada con el honor militar, nadie podría relevarnos en la reflexión sobre nuestras propias conductas o inconductas. Ello nace de una sincera aspiración de hacer una tarea que más que una “purificación de la memoria”, garantice hacia el futuro que los actos que todos condenamos no vuelvan jamás a repetirse, y bajo ninguna circunstancia. De las causas –aunque importantes– no nos corresponde hacernos cargo, pero sí de algunos de sus efectos.

¡Y esta revisión de aquellos efectos nadie la puede realizar en subsidio nuestro! Estoy convencido que es posible encontrar explicaciones –y serias– a la ocurrencia de tales actos dentro del conjunto de la sociedad chilena, de la época que se vivía, del entorno mundial y también, cabe decirlo, la constatación que parece existir en el ser humano una inclinación perversa a la desviación de las conductas buenas, que sólo intensos procesos de sociabilización, la ley y la práctica prolongada pueden llevar a superar como sociedad.

Con todo, no hemos encontrado nunca una justificación ética a los actos que tan alta condena social llevan los cometidos en contra de personas. Es más, creo que los que aún se mantienen en posiciones personales de negación de tales delitos, que los minimizan o los justifican, debido a la situación previa –la que sin duda es parte, e importante, del drama vivido– están en un error que el tiempo se encargará de aclararles. Lo mismo puede decirse de aquellos que confunden las instituciones fundamentales de la República con otras de carácter y fines transitorios y sin las responsabilidades sociales de las primeras.

Lo que distingue a éstas es precisamente su permanencia siguiendo los destinos del Estado, para cuyo bien han sido creadas. Existe una historia de la cual se hace cargo un comandante en jefe del Ejército, cuando asume, que no se limita a su período constitucional de mando. Este enlace con el pretérito es el que permite revisar y obtener lecciones cuando hechos del pasado resultan censurables.

Este mismo eslabón que une el hoy con el ayer en lo histórico y en lo emocional, es el que nos permite conmemorar todas nuestras heroicas epopeyas; es el que cimienta nuestro orgullo institucional, es el que hace, de nuestra larga historia, una experiencia única en la región, de temprana fortaleza republicana, de continuidad democrática de la cual el Ejército ha sido parte sustancial.

Las acciones realizadas no están destinadas a encontrar reciprocidad inmediata en la ciudadanía o en otras instituciones. Otros pueden hacerlo, los militares jamás. No es una visión de ingenuo idealismo; se trata que a una institución básica de la República sólo la rige el recto proceder y no cálculos o fórmulas de tipo alguno. En ese sentido aunque la relación Ejército-sociedad podría describirse como un espejo reflector, donde hay un reflejo constante de una sobre la otra, las responsabilidades del Ejército hacia la sociedad son mayores.

Y esto por una razón esencial: el monopolio de las armas para la defensa y la seguridad nacionales imponen el criterio que los que poseen tal exclusividad no pueden gozar –voluntariamente aceptado– de las mismas libertades y no pueden actuar lícitamente en contra de quienes concedieron tan ventajoso privilegio. Otro aspecto que estimo necesario reafirmar es el que concierne a la “responsabilidad institucional” en los hechos que el país conoce.

Algunos, por error, han deducido, e insisten con simpleza, que se estaría reconociendo que hubo una “doctrina institucional” de violación a los DD.HH.; ¡la que jamás existió! He recordado recientemente que el Ejército de Chile no sólo asume las faltas y delitos cometidos por personal de su directa dependencia, sino que ha cooperado con los tribunales de justicia en la búsqueda de la verdad.

Si quienes, como queda claro de lo que he dicho, al cometer delitos se marginaron del código ético de un militar ¿qué sentido tiene afirmar, como lo he hecho, que el Ejército de Chile asume las responsabilidades que como institución le cabe en todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado? Por cierto no para eximir a los que faltaron a sus deberes y son personalmente responsables por ello.

Tampoco puede entenderse como la confesión de una culpabilidad colectiva. No existe principio moral alguno que permita diluir las culpas individuales en el anonimato colectivo, ni siquiera en el supuesto caso en que hubiese un sentimiento o estado de ánimo común imperando en ese colectivo. El Ejército, como institución, no puede reemplazar ni en la culpa ni en la penalización de ella a quienes, apartándose de su doctrina y reglamentos, cometieron delitos o faltas.

Jurídicamente no cabe la posibilidad de juzgar al Ejército como institución y mucho menos de penalizarlo o castigarlo. Las culpas, repito, son individuales y corresponde a los tribunales esclarecer las responsabilidades de autores e instigadores y dictar las penas correspondientes de acuerdo al orden legal vigente. Todo lo anterior es claro; sin embargo, hay otra faceta que es un deber abordar. El Ejército ha llegado a la convicción que existen irrefutables evidencias de que en la comisión de esos delitos se empleó patrimonio institucional, de lo cual importa, de algún modo, una suerte de compromiso o de inacción de mandos en el proceso.

Y así, prácticas erradas no fueron detectadas o rechazadas, lo que llevó a una desidia y pasividad respecto de ellas, que vulneraban nuestra doctrina. En estos casos se quebraron, entre otros principios rectores, la línea de mando, el control de todo y en todo por éstos y la organización militar jerárquica, que son nuestra forma tradicional del mando y de la obediencia.

También el Ejército destinó a organismos extra institucionales (DINA/CNI) –desde su creación hasta su término– a personal de Oficiales y Cuadro Permanente. Ellos no estuvieron sujetos en ese período al control de la institución. Me parece que el Ejército podría haberse precavido de no exponer a su personal, por tan prolongado tiempo, en actividades propias de entidades cuyos fines, métodos y medios le eran ajenos.

Es por ello que el Ejército no puede sino asumir la responsabilidad de sus decisiones institucionales de 1973, y años posteriores, así como de todas sus consecuencias, incluidas aquellas que se tradujeron en hechos punibles y moralmente inaceptables, realizados por algunos de sus miembros. ¡Y esta sí es una responsabilidad ética que no puede esquivarse!

Estamos convencidos de que, sin perjuicio de las poderosas razones que tuvieron quienes fueron protagonistas de los acontecimientos que llevaron a la intervención militar de 1973 –que se inspiró en la certeza de la absoluta legitimidad y justicia en los fines–, se trata de procesos que los chilenos de hoy no queremos se vuelvan a repetir nunca más.

C. NUESTRO COMPROMISO EN DD.HH. PARA EL PRESENTE SIGLO

Efectuadas las consideraciones precedentes, que permiten –sin duda no en forma exhaustiva pero sí suficiente– definir el marco conceptual que tiene que regir la definición del compromiso del Ejército en DD.HH. para el presente siglo, pasaré a formalizarlo. El Ejército de Chile ha procurado avanzar en esa dirección en el ámbito de sus competencias y ha efectuado un proceso de reestructuración de sus programas educativos tendente a revalorizar los Derechos Humanos y la revisión y reformulación de su reglamentación y procedimientos con el objetivo de fortalecer la capacidad de cada uno de sus miembros en estas materias, como muy bien lo ha explicado Miguel Luis Amunátegui.

Resumo. Se estructuró la enseñanza de los DD.HH. durante toda la carrera a través de objetivos transversales, lo cual se encuentra plasmado en tres Cuadernos y las definiciones de mallas y currículos en las asignaturas de Ética, Derecho, Filosofía, Bases Conceptuales de la Profesión Militar, Organización y Personal, Ciencia Política e Historia Militar. Todo lo anterior se encuentra vigente y en plena ejecución.

Es parte de nuestro compromiso ¡y está cumplido! No obstante, queremos ir más allá. Como parte de este mismo proceso, he dispuesto además una revisión de nuestras Ordenanzas. Éstas son la regla moral en la que deben basarse todas las conductas de los miembros de la institución, militares y civiles que la componen, y establecen la doctrina ética permanente de la cual se derivan los reglamentos y cualquier otro documento que norme asuntos disciplinarios y conductuales.

Dichas normas habían sido derogadas en 1926 al entrar en vigencia el Código de Justicia Militar. Desde esa fecha el Ejército se ha guiado por una doctrina contenida en forma dispersa en otros cuerpos legales y reglamentarios. Era necesario, dada la evolución que en la sociedad chilena han tenido los temas valóricos frente a la diversidad cultural que hoy se observa, redactar unas Ordenanzas que, recogiendo los principios tradicionales en que se ha fundamentado desde siempre el quehacer profesional y privado de los militares, incorpore, a su vez, nuevos paradigmas, que ahora han adquirido un mayor valor en el colectivo nacional.

El respeto irrestricto al valor de la dignidad humana, en cualquiera circunstancia, estará reflejado transversalmente en todas sus disposiciones. Para su redacción se ha tenido la cooperación de especialistas en temas éticos y militares; una vez finalizado el trabajo, en septiembre del próximo año, compartiremos su contenido y será protocolizado por las autoridades que correspondan.

Lo expresado constituye nuestro compromiso con los DD.HH. para el siglo XXI. Una parte, ya efectuada, otra en desarrollo: la redacción de las Ordenanzas Generales.

D. SUPUESTOS BÁSICOS QUE EL EJÉRCITO CONSIDERA NECESARIOS PARA QUE EL COMPROMISO SEA VIABLE

Lo detallado, nuestro compromiso, no es una tarea menor. La hemos asumido con la seriedad que amerita. Continuaremos trabajando junto a todos los sectores sociales y autoridades vinculadas para que esas Ordenanzas constituyan el verdadero código de ética y de comportamiento del personal del Ejército, en la realidad del siglo XXI. ¡Es un asunto de honor! Sin embargo, de nada serviría esa norma si la sociedad no asume también su compromiso con el Ejército.

Lo primero, estimo, es encontrar una repuesta que nos lleve a no claudicar ante el fatalismo que reina en la mente de compatriotas que dejan al tiempo –excelente cura ante la incapacidad humana– la solución plena de las divisiones que nos atan a un pasado, que unos fijan en 1973 y otros mucho antes de esa fecha.

No podemos esperar que toda la verdad, que todas las causas y que todos los juicios vean la luz, aunque sea en la forma de un débil consenso ciudadano, para avanzar con decisión en mejorar lo que debe ser mejorado ahora y, en la medida de lo humano, para siempre. Es decir, el respeto de todos los chilenos, especialmente los que gozamos del privilegio único del porte y uso legítimo de las armas para la defensa nacional, a la dignidad de la persona humana; dignidad que hoy hemos aceptado, sin excepción, no fue respetada.

Lo segundo, y considerando que es legítimo y necesario el debate acerca de elucidar quiénes fueron los primeros o con mayores responsabilidades en violar tales derechos y cuál fue el origen del quiebre institucional en Chile, es aceptar que tal disquisición no puede retenernos, ni al Ejército ni a la sociedad. Queremos avanzar, necesitamos avanzar. Verdad y justicia son necesarias.

Pero la reconciliación también lo es. Deseo ser más explícito, no se trata de impunidad, punto final o borrar el pasado. Mi pregunta es: ¿estamos todos comprometidos en ello? ¿No habrá poderes que podrían asumir tareas que les son indelegables? ¿No seguirán existiendo grupos que tras sus propios objetivos, muchos legítimos, están obstaculizando un proyecto de futuro? ¿Estarán los medios de comunicación social más interesados con mostrarnos el Chile de hoy y sus potencialidades, o darán énfasis a una interminable recreación de aquello que nos dividió, aunque sin duda debe ser debidamente contextualizado, jamás negándolo?

En este mismo sentido es lamentable el actual vilipendio a las personas de parte de ciertos medios. Hay algunos que estigmatizan produciendo un daño imposible de revertir. Debe haber muchas otras interrogantes. No se miren éstas como recriminaciones o demandas. Creo que es vital formularlas para avanzar y no dejar al tiempo –que sin duda es factor importante– toda la carga de aquello que nosotros, los hombres y mujeres de hoy, tenemos que responder, ahora.

Lo tercero es expresar algo a lo que me obligan dos circunstancias, aunque resulte difícil asimilar por quienes en esta sala tienen sensibilidades –que merecen todo nuestro respeto– debido a pasados sufrimientos. La primera, que muchos no tuvieron que experimentar la dura experiencia de apartarse de la recta doctrina; la segunda que, asimismo, conozco a algunos que se vieron impedidos de hacerlo.

No obstante censurar su actuar, no puedo olvidar que ellos –igual que tantos otros– soñaron con vivir su vocación en una realidad diferente. Sin duda no es eximente, pero el comprobar las frustraciones de proyectos de vida truncados, el peso de las conciencias, el dolor de las familias, la pérdida de la fe y de la ilusión, me lleva a exponerla ante esta audiencia.

La institución ha asumido como un asunto de humanidad la situación de su personal sometido desde años a procesos por DD.HH. Esta expresión se da en dos vertientes. Una ha sido la censura, crítica y reproche público que hemos hecho en cuanto a aquellos que actuaron fuera de la legalidad y de la norma ético-profesional en la que fueron formados. Para este personal ha sido muy doloroso que la institución a la que servían les comunique, en múltiples formas, que rechaza sus conductas.

Hoy lo vuelvo a hacer, por última vez, ante este auditorio y en forma más explícita. Exhorto a ese personal a contribuir, con toda la verdad que pudiesen poseer, en los procesos de los que forman parte, conducente a establecer el paradero o destino y la data de muerte de personas desaparecidas, que permita acreditar qué pasó con aquellos compatriotas de los cuales desconocemos precisamente aquello que brinda tranquilidad a sus deudos, libera las conciencias de quienes fueron responsables de sus muertes –que me parece incuestionable, dado el largo tiempo transcurrido– y lleve a los tribunales a aplicar la legislación vigente.

Sin embargo, este problema irresuelto tiene otro cariz que nos impide abandonar a su sola suerte a todos estos ex camaradas de armas que hoy sufren prisión, sometimiento a procesos o que nos les ha sido aplicada la prescripción y la amnistía; como han sido los recientes y trascendentes fallos judiciales en tal sentido. Este no abandono, enmarcado en las leyes vigentes –en todo lo debido y en nada de lo indebido–, es para un soldado una cuestión de principios, no de complicidad o absolución.

¡No podemos renunciar a esta actitud! Si, como he sustentado y aclarado precedentemente, hay responsabilidades institucionales en estas violaciones a los DD.HH., una conducta distinta a la asumida sería inconsistente con nuestro discurso. Nos resulta frustrante, en consecuencia, que las aspiraciones que como institución comprometida con el futuro de Chile teníamos respecto a la situación de este personal, en lo sustantivo, no se realice con tiempos más acordes a la justicia moderna; al contrario, empeore bajo el nuevo escenario que se ha establecido y que no logremos como sociedad, una vez determinados los ilícitos y sus responsables, darles –a quienes lo ameriten– la oportunidad de rehacer sus vidas, en libertad.

Una visión serenadora de todos los espíritus es lo que más conviene a Chile; ella debería prevalecer sobre la perdurabilidad de un rencor que ha probado ser estéril para la convivencia de los pueblos. La anterior situación me lleva a preguntarme hasta qué punto todos nosotros somos capaces de compartir la visión de futuro a la cual hemos sido convocados por el Primer Mandatario.

¿Es la verdad que nos ha sido proporcionada –y aceptamos que ella sólo puede ser una aproximación parcial– la última jornada de una legítima búsqueda de satisfacción de reparación moral, o vendrán otras? Me parece que estas vulnerabilidades restan fuerza al proyecto –con las legítimas diferencias políticas en su definición y medios– del país que queremos y donde el Ejército sirve a todos y no actúa en beneficio o en perjuicio de ningún sector dado, pero donde no es, como pudiera suponerse, un “espectador” pasivo, silente o indiferente al devenir de la patria.

Un cuarto punto, y final, en estas consideraciones o premisas, que me he permitido plantear como tareas a asumir por la sociedad para afirmar y hacer viable nuestro compromiso para el siglo XXI es el siguiente. Al recibirme del cargo de Cdte. en Jefe del Ejército, en marzo de 2002, seguí la vieja tradición al proponerme ser el continuador de la obra realizada por mi distinguido predecesor; profundizar sin apartarme del lineamiento y orientación ya dirigido a un claro objetivo.

Ese no era ni es otro que asegurarle a Chile el bien o servicio que nos demanda la sociedad a los militares: seguridad y defensa nacionales. Ello mediante un ejército eficiente, adecuado a una nueva realidad internacional, en pleno proceso de modernización, cercano y solidario con la sociedad, de la cual forma parte; participativo en el desarrollo en áreas de gran importancia.

¡Creo poder afirmar lo hemos logrado! Somos un ejército querido y respetado. Ha sido una tarea de toda la institución y que supera en mucho a mi período de mando. Yo respondo y responderé mientras tenga el honor de comandar esta institución señera para la patria. ¡Ella debe ser juzgada en toda la dimensión histórica de sus servicios a la libertad y grandeza de Chile!

Deseamos que se valore en toda su dimensión algo que parece tan sencillo, eso que hemos consolidado: un ejército de todos los chilenos; profesional, vocacional; orgullosos de sus tradiciones; responsable de su pasado –con sus luces y sus sombras–; comprometido con su futuro; con capacidad de cumplir la función defensa a cabalidad, neutral en lo político.

Señoras y señores: Muchas veces me preguntan o me interpelan ¿cuál es el objetivo del CJE.? Para algunos, nuestros pasos, pareciera se dirigen a supuestos propósitos no vinculados con el quehacer del Ejército; para otros, ellos no se orientan a la demanda de solución inmediata de los problemas judiciales que aquejan a personal, y no faltan quienes, incluso, piensan que es un navegar que no lleva a buen puerto o que el derrotero no tiene un destino claro.

Desde el fondo de mi corazón de soldado reafirmo que todo mi actuar como Comandante en Jefe del Ejército se orienta a un solo fin, ya explicitado pero que encierra dos objetivos: - El primero, mantener ese Ejército con el cual ya cuenta Chile.

Para ello es suficiente nuestro quehacer en el marco de la legislación vigente y con el apoyo de las autoridades de la Defensa Nacional. También es vital el estímulo y compromiso que emana de la sociedad hacia el Ejército. -

El segundo, hacer lo nuestro para cerrar las heridas; cerrarlas en lo que a nosotros compete, lo cual está hecho, y contribuir a la reconciliación y la plena recuperación de nuestro ser nacional. Pero aquí está el punto, esta tarea no podemos hacerla solos. No es labor propia ni del personal a mi mando.

Ello no me excluye de algo que he asumido con fe, ilusión, pasión y pleno apego al deber ser. Seguiré contribuyendo a ese proceso en lo que me compete, no importando los costos que ello demande. ¡Es el único camino para quien es cabeza del Ejército! Sin embargo, con la misma fuerza, creo que la sociedad y sus representantes deberían asumir la tarea a la cual Chile nos convoca. No pretendo siquiera sugerir cómo hacerlo, ya que, no es mi misión.

Lo que sí invoco, con fuerza: ¡fortalezcamos lo que como sociedad hemos construido! Eso que muy pocos países han logrado; que no es otra cosa que la base para dar el salto que nos lleve a la superación del pasado sin negarlo, pero tampoco sin dejarlo a la sola acción del tiempo y su devenir. Con la esperanza que nuestro compromiso explicitado hoy día como Ejército, contribuya a ello, los invito a que vuestra presencia en esta Escuela Militar, en una jornada como la de hoy, sea el símbolo de la unión entre civiles y militares en un proyecto país del cual nosotros no nos restaremos, y estamos seguros ustedes tampoco lo harán.

Termino reafirmando: el Ejército de Chile será fiel a su tradición de honor militar, hoy y siempre. ¡Ese es nuestro objetivo!

¡Para hacerlo viable pedimos a nuestros compatriotas nos cooperen en el camino asumido!

Muchas Gracias