Comisión especial investigará venta de EMOS

La comisión tendrá plazo de 60 días para conocer las posibles irregularidades de la operación y examinar las razones por las que los organismos antimonopolios no proporcionaron oportunamente la información a la Contraloría.

VALPARAISO.- Por unanimidad la Cámara de Diputados aprobó hoy la constitución de una comisión investigadora para conocer los alcances de la alianza entre Endesa España (EE) y la empresa española Aguas Barcelona (Agbar), en la cual EE es propietaria de un 11,64%.

Agbar y Suez Lyonnaise adquirieron en septiembre del año pasado un 51,02% de EMOS, por US$ 1.100 millones.

Según los antecedentes del proyecto, la Contraloría General de la República no contó con información oportuna antes de su pronunciamiento en enero de este año acerca de la licitación y adjudicación del paquete accionario que Corfo poseía en EMOS.

Según los parlamentarios, el Fiscal Nacional Económico de entonces, Rodrigo Asenjo, en diciembre pasado contaba con antecedentes que permitían establecer la existencia de una alianza estratégica entre EE -controlador de Enersis y matriz de Chilectra y Río Maipo que operan en la Región Metropolitana- y la sociedad Agbar.

El informe del fiscal ante la Comisión Resolutiva Antimonopolios concluye que la integración horizontal entre concesionarios de diferentes servicios de utilidad pública afecta la libre competencia según normas nacionales, y por lo tanto, se debe evitar que las empresas concesionarias de servicios públicos participen y/o controlen la propiedad, gestión y explotación de las empresas sanitarias que tengan un territorio común de concesión con éstas.

Sin embargo, los parlamentarios expresaron que esta información no fue conocida por la Contraloría General por cuanto la comisión antimonopolios decretó como "secreto" este informe, lo que a juicio de los diputados "demuestra la existencia de una notoria irregularidad que compromete seriamente el funcionamiento de los organismos fiscalizadores de la República".

La comisión investigadora de la Cámara tendrá un plazo de 60 días para conocer estas posibles irregularidades y examinar las razones por las que los organismos antimonopolios no proporcionaron la información a la Contraloría.

Además, analizará los efectos que esta omisión puede producir en la validez y existencia de las resoluciones de la Corfo y en el proceso de licitación.

Finalmente, se solicitó que el grupo investigador se pronuncie sobre la transparencia del proceso de licitación y la forma y condiciones en que se realizó.
EL MERCURIO ELECTRONICO
Martes, 6 de Junio de 2000, 20:06
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