Corma: Faltó apoyo del Gobierno para concretar proyecto Cascada

El vicepresidente de la entidad, Fernando Raga, señaló que la empresa Boise Cascade desistió de su proyecto forestal en Chile, no sólo debido a las malas condiciones del mercado internacional sino que también a la "verdadera guerra" declarada por los grupos ecologistas, sin contar en estas materias con el apoyo del Gobierno.

23 de Febrero de 2001 | 12:17 | ORBE
SANTIAGO.- El vicepresidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), Fernando Raga, señaló que la empresa Boise Cascade desistió de su proyecto forestal en la Décima Región, Cascada Chile, no sólo debido a las malas condiciones del mercado internacional sino que también a la "verdadera guerra" declarada por los grupos ecologistas, sin contar en estas materias con el apoyo del Gobierno.

En declaraciones a radio Agricultura, el dirigente empresarial destacó que esta situación no fue más que la "crónica de una muerte anunciada" por la "débil respuesta de las autoridades para defender un proyecto que ellos mismos aprobaron", indicó.

En torno a las declaraciones hechas por el Presidente de la República, Ricardo Lagos respecto de este problema, Raga dijo que "no es tan simple como decir: mire, yo tengo una legislación y el sector privado verá si invierte o no".

Recalcó que "hay que agregar algún incentivo o mecanismo que le dé confianza a los inversionistas de que no serán masacrados por un grupo de ambientalistas".

Finalmente, expresó que "hasta ahora no sabemos cuantos empresarios han desistido de invertir en Chile debido a restricciones de este tipo, ya que no todos anuncian sus proyectos y luego publican sus intenciones de retirarlos, como lo hizo Cascada Chile".

La empresa canadiense Boise Cascade, anunció el miércoles 21 de febrero que suspendía la iniciativa, pese a que el Estudio de Impacto Ambiental había sido aprobado en enero de 1999 y ratificado por la Corte Suprema a fines del mismo año.

La firma, sin embargo, aludió un desfavorable escenario en el mercado y la falta de una política clara de parte del gobierno frente a algunas organizaciones ecologistas disidentes frente al proyecto.
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