Parlamento argentino no apoyará nuevas medidas de ajuste

Legisladores de los dos principales partidos políticos de Argentina se manifestaron en contra de avalar nuevos ajustes o privatizaciones de organismos públicos, como condición para que el FMI entregue nuevos créditos que permitan revertir la grave crisis económica que vive el país trasandino.

19 de Agosto de 2001 | 15:11 | EFE
BUENOS AIRES.- Los dos principales partidos políticos de Argentina advirtieron al Gobierno que el Parlamento no avalará nuevos ajustes o privatizaciones de organismos públicos como pretende el Fondo Monetario Internacional (FMI), dijeron hoy fuentes legislativas.

"No hay más margen para leyes impopulares", dijo José Luis Gioia, presidente del bloque de senadores del Partido Justicialista (PJ, peronista), el principal de la oposición.

Una respuesta similar recibió el Jefe del Gabinete de Ministros, Chrystian Colombo, de parte de la conducción de la Unión Cívica Radical (UCR), el partido al que pertenece el Presidente Fernando De la Rúa y el socio mayor en la gobernante Alianza.

Gioia reconoció, en declaraciones a una agencia local de noticias, que Colombo lo había consultado telefónicamente sobre la posición de los legisladores del PJ ante las condiciones que ha impuesto el FMI para avalar nuevos créditos que permitan revertir la grave crisis económica en la que está inmersa Argentina.

"Le hice saber que no hay posibilidades para leyes de nuevos ajustes", agregó, y consideró que el Poder Ejecutivo sólo podrá usar "decretos de necesidad y urgencia y las facultades delegadas" para imponer las medidas exigidas por el organismo financiero internacional.

Por una ley aprobada el mes pasado tras intensos y duros debates, De la Rúa logró que el Parlamento lo autorice a dictar decretos con fuerza de ley en asuntos económicos.

Según Gioia, el FMI ha condicionado el otorgamiento de un préstamo adicional de 6.000 millones de dólares a la sanción de leyes que den vía libre a la privatización de organismos públicos y a la liberalización de todas las obras sociales.

Versiones de prensa dieron cuenta de que el organismo financiero internacional exige un nuevo recorte de los gastos del Estado y que se traspase al sector privado la ANSES, la oficina gubernamental que administra los fondos de la seguridad social, y el PAMI, la obra social de jubilados y pensionistas.

Esos dos organismos manejan presupuestos anuales que, en total, suman unos cinco mil millones de dólares.

"Son cosas muy pesadas. No creo que el Gobierno pueda imponerlas antes de las elecciones" de renovación legislativa del próximo 14 de octubre, dijo Gioia cuando se le consultó sobre la posibilidad de que pueda prosperar la privatización de la ANSES y del PAMI.

Otras fuentes parlamentarias indicaron que Colombo también recibió respuestas negativas cuando consultó al ex Presidente Raúl Alfonsín (1983-89), máximo dirigente de la UCR, y a Jorge Agúndez, quien preside el bloque de senadores oficialistas.

"Olvídense de que pueda haber consenso (en el Parlamento) para sancionar leyes sobre temas conflictivos", contestó Agúndez durante una reunión celebrada la noche del jueves último en la Casa Rosada, la sede del Gobierno.

Mucho más contundente fue Leopoldo Moreau, también senador de la UCR y uno de los más críticos con el ministro de Economía, Domingo Cavallo, al decir hoy a una radio de Buenos Aires que "cualquier compromiso que el Gobierno asuma con los organismos financieros debe ser aprobado por el Congreso".

Una misión del Gobierno argentino, encabezada por el viceministro de Economía, Daniel Marx, negocia desde hace una semana con las autoridades del FMI en Washington una ayuda adicional considerada fundamental para revertir la recesión que afecta al país desde hace unos tres años.

El Gobierno sostiene que ese préstamo, del orden de los 6.000 millones de dólares, le permitirá cumplir sus compromisos de la deuda pública y tener éxito con su denominado "plan déficit cero" para equilibrar las cuentas fiscales.

Ese "plan déficit cero", el séptimo ajuste en los 20 meses que lleva De la Rúa como Presidente del país, se puso en práctica con el recorte del 13 por ciento de los salarios de los empleados estatales y la rebaja de más de 500 pesos (igual a dólares) de las pensiones de jubilación, medida que ha generado una oleada de huelgas y protestas populares.
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