BUENOS AIRES.- El Gobierno argentino fijó hoy en un 20 por ciento el gravamen que aplicará a la exportación de hidrocarburos, destinado a respaldar al sistema bancario por el impacto de la devaluación de la moneda local.
El jefe del Gabinete de ministros, Jorge Capitanich, explicó en una rueda de prensa que el Gobierno tomó esa decisión para cumplir con la ley de emergencia económica aprobada el 6 de enero, la misma que representó el final de la paridad entre el peso y el dólar.
Según cálculos del sector petrolero, la recaudación del impuesto, que tendrá una vigencia de cinco años, representará para el Estado unos ingresos de unos 700 millones de dólares al año, a partir de unas exportaciones que el año pasado alcanzaron unos 3.500 millones de dólares.
El Gobierno y las empresas petroleras estaban negociando la posibilidad de reemplazar ese impuesto por un único aporte de las compañías por 1.400 millones de dólares que sería hecho con fondos financiados internacionalmente.
La financiación sería conseguida conjuntamente por las empresas petroleras que operan en Argentina, aportando sus garantías propias. Entre ellas están Repsol YPF, la estadounidense Pan American Energy y el grupo argentino Pérez Companc, entre las más importantes.
No se pudo confirmar si el hecho de que el Gobierno argentino haya fijado finalmente el impuesto representa el final de estas conversaciones o si todavía se mantienen.
Portavoces de Capitanich dijeron que no conocían detalles del decreto en el que se recogerá la creación de ese impuesto, mientras que no hubo reacciones inmediatas de las empresas petroleras.
Con los recursos de este gravamen, el Gobierno planea alimentar un fondo de compensaciones que evite el desequilibrio en los bancos, que debieron pasar buena parte de sus carteras de deuda de dólares a pesos a una paridad de uno a uno.
Ahora, el precio del dólar está en torno a los dos pesos.
El efecto de la devaluación será compensado en parte por el sistema bancario al devolver en pesos, al cambio de 1,4 pesos por dólar, los ahorros en dólares depositados en las entidades financieras.
Capitanich, en un breve contacto con la prensa, también anunció que el Gobierno vetará un artículo de la Ley de Quiebras que acaba de sancionar el Parlamento.
Ese artículo está vinculado a los pasos que deben seguir acreedores financieros y deudores en los casos que fracasen las instancias de negociación abiertas entre las partes durante un proceso de quiebra.
Parte del articulado de esa ley fue criticado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, más recientemente, por la calificadora de riesgo internacional Standard & Poors.
