SANTIAGO.- El Gobierno chileno recurrirá en los próximos 30 días al mecanismo de consultas de la Organización Mundial de Comercio para solicitar la intervención del organismo ante la aplicación de salvaguardias contra los salmones nacionales.
Según el director multilateral de la Dirección de Relaciones Económicas Internacional (Direcon), Ricardo Lagos Weber, el Ejecutivo busca revertir de esa manera la medida aplicada por la Unión Europea contra los productores chilenos.
Tras reunirse durante una hora con el gerente general de Salmón Chile, Rodrigo Infante, Lagos Weber lamentó la resolución de la UE y agregó: "Lo que se está haciendo básicamente es resguardar nuestros derechos a partir del sistema multilateral y pedirle a un tribunal que decida si las medidas que ha adoptado Europa son o no pertinentes".
El director de la Direcon señaló además que seguirán trabajando con los países europeos para estudiar todas las formas posibles de evitar que esta medida tenga lugar en el mediano y largo plazo.
"Más allá del daño a la industria del salmón, (la aplicación de salvaguardias) es un mensaje que daña a países en desarrollo que tratan de tener acceso a un mercado grande y luego se les cierra la puerta por la vía administrativa", sostuvo Lagos.
Según se informó, eventualmente se podría nombrar un panel de expertos y todo el proceso podría durar cerca de 15 meses antes de llegar a una solución definitiva para Chile.
En tanto, Infante dijo que "lo más importante es que se han hecho inversiones, pensando especialmente en el Tratado de Libre Comercio, para poder desarrollar productos congelados de valor agregado, pero hoy son amenazados dado que el mercado al que están dirigidos estaría siendo restringido por las cuotas y por los precios mínimos establecidos".
El viernes pasado la UE decidió aplicar salvaguardias a las importaciones provenientes de Chile, Noruega e Islas Faroe, tras el reclamo de grupos productores de salmón de Irlanda y Escocia. El salmón chileno se distribuye principalmente en Alemania, Francia, Bélgica e Italia.
El daño que sufrirían los productores nacionales bordearía un 18% de su potencial exportador.
