Presidenta de Brasil promulga ley que desbloquea millonarias licitaciones portuarias

No obstante, Dilma Rousseff vetó diez artículos de la norma, entre ellos la prohibición a las navieras de operar terminales.

05 de Junio de 2013 | 21:53 | Reuters

El puerto de Santos, en Brasil.

AFP (archivo)

BRASILIA.- La Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, promulgó una ley portuaria que facilita el desbloqueo de inversiones en licitaciones que ascienden a 27.000 millones de reales (12.654 millones de dólares) para este año.

No obstante, la Mandataria vetó diez de sus artículos, entre ellos uno que imponía a las navieras la prohibición de operar terminales.

"Hicimos (vetos) para asegurar el objetivo principal de la medida, la apertura y la competitividad del sistema portuario y también para eliminar cualquier inseguridad jurídica en cuanto a la interpretación de los textos", precisó la ministra jefa de Gabinete, Gleisi Hoffmann.

Agregó que la aprobación de la ley crea las condiciones para que el Ejecutivo adopte medidas que incluyen la licitación de 52 áreas en los puertos de Santos -el principal de Brasil- y los terminales en el estado de Pará.

"Debemos publicar los estudios en la primera quincena de julio y la consulta pública en agosto. La primera ronda de licitación para el contrato de arrendamiento será en octubre", sostuvo.

Modernización

El Gobierno quiere poner en marcha, en un plazo que llega hasta enero de 2014, la licitación del último bloque de arrendamiento porturario, incluidas otras 107 zonas en el sur, el sudeste y el nordeste del país.

El texto, aprobado por el Congreso el 16 de mayo autoriza la modernización del sector y fue publicado en una edición extraordinaria del Diario Oficial en la tarde.

Entre los puntos vetados por Rousseff se cuentan la propuesta de crear la categoría de terminal industria; la prohibición a las empresas de navegación marítima de operar terminales; la obligatoriedad del uso del OGMO (Órgano Gestor de Mano de Obra) en la contratación de trabajadores integrados; la prórroga de concesiones en puertos secos, y la obligatoriedad de que los contratos de concesiones tengan plazo máximo de hasta 50 años.

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