Justicia argentina suspende aplicación de reforma al sistema de pensiones

En un hecho que ya se está haciendo habitual, los tribunales de justicia paralizaron una ley decretada por el gobierno del Presidente Fernando de la Rúa. La medida, que paraliza la entrada en vigencia de la reforma al sistema de pensiones, se contrapone a los dictámene del FMI, entidad que condiciona el otorgamiento de un millonario crédito de asistencia para el país.

02 de Febrero de 2001 | 22:56 | Reuters
BUENOS AIRES.- La Justicia argentina suspendió la aplicación de una reforma al sistema de pensiones que decretó el gobierno en diciembre, y que es una de las condiciones del FMI para mantener un crédito al país por 14.000 millones de dólares, dijo este viernes una fuente legislativa.

La Justicia decidió la suspensión ante una denuncia de inconstitucionalidad realizada en enero por cuatro diputados opositores socialistas y una diputada de la gobernante Alianza. "Hizo lugar a nuestro pedido el juez federal de primera instancia del fuero de la seguridad social, Rodolfo Milano. Estoy muy satisfecho", dijo a Reuters el diputado socialista Héctor Polino.

El legislador explicó que el fallo "supende la aplicación hasta que se discuta el problema de fondo: la ilegalidad y constitucionalidad de la medida. Va a restablecer el principio de la división de los poderes que es la base del estado de derecho. No puede ser que los decretazos reemplacen al congreso Nacional".

El 29 de diciembre, el Presidente Fernando de la Rúa firmó el decreto que estableció la reforma al sistema de pensiones luego de que legisladores del oficialismo y la oposición rechazaran públicamente la medida. Así el gobierno logró eludir el debate parlamentario.

El Ejecutivo ya adelantó que apelará la medida judicial para intentar evitar su suspensión. El gobierno nacional "tomará las medidas jurídicas correspondientes a este caso", dijo la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, citada por la agencia de noticias oficial Télam.

La reforma elimina un aporte de dinero público a las pensiones de más de 800 dólares y crea incentivos para que las mujeres se retiren a los 65 años en vez de los actuales 60. Esta medida está entre las condiciones del Fondo Monetario Internacional para seguir adelante con un programa de asistencia crediticia por 14.000 millones de dólares, que es parte de un paquete global de 40.000 millones en el que también participan otros organismos multilaterales, el gobierno español y bancos y fondos de pensión locales.

El plan original del gobierno incluía la desaparición para los futuros retirados del sistema de pensiones público, que genera cada año un déficit de 3.000 millones de dólares. Pero, ante el rechazo de los legisladores, el proyecto fue modificado y se mantendrá el sistema público.

En 1994, Argentina permitió la operación de fondos de pensión privados, que actualmente captan a más del 97 por ciento de los nuevos trabajadores, que aportan cada mes 11 por ciento de su sueldo para su futura pensión.

Los diputados que acompañaron a Polino en la presentación judicial son Alfredo Bravo y Jorge Rivas, ambos socialistas, y Elisa Carrió, legisladora de la Alianza. Ya existen antecedentes en la Justicia de frenos a iniciativas del gobierno. En enero, un grupo de sindicatos logró suspender parcialmente la aplicación de una reforma en el sistema de salud, que es otra de las condiciones para el crédito del FMI.

La acción de amparo presentada por los legisladores contra la reforma al sistema de pensiones es la tercera de su tipo, ya que la diputada del opositor Partido Justicialista (peronista) Martha Alarcia había interpuesto en enero otra acción solicitando la medida de no innovar y un abogado independiente había reclamado una medida similar.
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