SAO PAULO.- La policía brasileña trataba el lunes de asegurar la liberación de por lo menos 3.000 rehenes en las penitenciarías del estado de Sao Paulo, donde ocho personas murieron en la mayor ola de motines carcelarios en el país.
En las primeras 16 horas, la policía recuperó el control de 15 de las 19 prisiones en el levantamiento masivo, presuntamente organizado por una conocida banda delictiva y seguido por unos 24.000 reclusos, según se calculó. Sin embargo, las fuerzas de choque han hecho pocos progresos en Carandiru, la mayor penitenciaría de América Latina, donde 8.000 reclusos cumplen condenas en el corazón de Sao Paulo y escenario de la matanza más sangrienta en un penal de Brasil hace nueve años.
Funcionarios de la seguridad del estado y activistas de prisiones trataban de negociar la salida pacífica de los rehenes, en su gran mayoría esposas e hijos de los reclusos que hacían sus visitas semanales del domingo, cuando se permite a los familiares llegar hasta las celdas para relaciones conyugales o compartir una cena.
"Esta sincronizada explosión es un hecho sin precedentes en Brasil", dijo el ministro de Justicia, Jose Gregori, antes de regresar a Brasilia de Sao Paulo. "Es grave, pero las autoridades están reaccionando con sensatez, resolviendo la situación sin recurrir a la violencia". Las autoridades culparon a la organización delictiva Primer Comando de Capital (PCC), cuyos 10 dirigentes principales fueron transferidos de Carandiru a otras prisiones el viernes después de la muerte de cinco reclusos la semana pasada.
"Esta es la respuesta inmediata a lo que Furukawa hizo para dislocar las facciones criminales que existen dentro de las prisiones", dijo Gregori, en referencia al secretario de Prisiones del estado, Nagashi Furukawa. Se creía que los dirigente del PCC tenían un arsenal de armas y teléfonos celulares introducidos de contrabando en los penales por guardias corruptos.
Los funcionarios de seguridad dijeron que tenían que ser muy cuidadosos sobre la información que revelaban a la prensa porque los organizadores del motín que observan radio y televisión podrían utilizarla en su ventaja.
