Venta ilegal de armas: Nadie está actuando como se preveía

Ni el gobierno del Presidente argentino Fernando de la Rúa, ni el ex mandatario Carlos Menem, ni el juez Jorge Urso actuaron como se suponía que debían actuar en la espectacular causa que investiga el desvío de armas a Croacia y a Ecuador.

07 de Junio de 2001 | 10:22 | Por Joaquín Morales Solá (La Nación, GDA)
BUENOS AIRES.- Algo está sucediendo, más allá de la mirada común, para que ninguno de los protagonistas de la obra cumpla con el papel que le corresponde. Ni el gobierno del Presidente argentino Fernando de la Rúa, ni el ex mandatario Carlos Menem, ni el juez Jorge Urso actuaron como se suponía que debían actuar en la espectacular causa que investiga el desvío de armas a Croacia y a Ecuador.

En rigor, el Gobierno sufrió la recaída de una vieja enfermedad: la falta de información, un recurso elemental para conducir los asuntos del Estado. Hasta el fin de semana último, los principales dirigentes peronistas clamaban para que el Gobierno se sentara a conversar con ellos sobre datos realistas; esto es, el juez federal Jorge Urso enviaría a la cárcel a Menem, tarde o temprano, decían a coro amigos y adversarios internos del ex presidente.

La administración "delarruista", según sus expresiones más empinadas, se mostró segura en todo momento de que Menem no pasará por la cárcel.

Exhibían estos argumentos:

1) no existen en la causa razones para incriminar personalmente a Menem;

2) el general Martín Balza asumiría la responsabilidad de los hechos y liberaría de culpa y cargo al ex presidente (cosa que no hizo en sus declaraciones al diario "Página 12");

3) en alguna instancia incierta de la causa, el juez tendría en cuenta la razón de Estado, que invocan los menemistas, y salvaría sólo a Menem.

El lunes, las caras del oficialismo comenzaron a cambiar cuando el juez adelantó la citación a Menem en casi un mes y medio.

La sobreactuación del magistrado, a partir de ese día, les indicó que éste se encaminaba a resolver una prisión preventiva del ex mandatario, salvo que aspirase a trocar todo en su propia contra.

Las dos alternativas que se manejaban ayer eran éstas: el juez decidiría hoy la detención inmediata de Menem o, al remedar el caso del ex ministro Antonio Erman González, lo dejaría en libertad durante unos días hasta elaborar los fundamentos de una prisión preventiva posterior.

En cualquier caso, la libertad definitiva del ex presidente no figuraba en ninguna de las hipótesis.

Independencia judicial

El Presidente suele ufanarse de que él y sus ministros se enteran por los diarios de las resoluciones los jueces. En verdad, el Primer Mandatario disolvió virtualmente el Ministerio de Justicia cuando envió allí a su propio hermano, Jorge de la Rúa.

Se explica: los dos provienen de una coalición que prometió el respeto irrestricto por el principio de la división de poderes, pero ese respeto debe acentuarse aún más cuando el ministro del área es, también, hermano del Presidente.

Tal como están las cosas, cualquier acto o gesto del ministro de Justicia comprometería al propio Presidente de la Nación.

Si bien era hora de que ese principio se tuviera en cuenta en la Argentina, la pregunta refiere a si el Gobierno debe carecer hasta de la información más esencial (o contar con mala información) para cumplir con aquel mandato constitucional.

Menem no ha sido menos inhábil ni torpe para jugar la supuesta carta más importante que tenía en sus manos: la presunta petición de los Estados Unidos para que enviara armas a Croacia.

En lugar de hacer valer esa presencia política en el conflicto (si es que la presencia existió) por medio de canales diplomáticos y de comunicaciones muy reservadas, la disparó en medio de la frivolidad de un programa de televisión destinado a los argentinos aburridos durante el fin de semana.

Hizo algo peor: requirió públicamente en ese ámbito superficial al juez y al fiscal que enviaran un pedido de confirmación de sus aseveraciones al Departamento de Estado.

La cancillería de Washington no necesitó de ningún pedido judicial argentino para hacer lo que era obvio que haría: negó que existiera cualquier antecedente sobre un pedido de esa naturaleza en los archivos del Departamento de Estado.

Así como la Cancillería argentina nunca supo que haya mediado tal petición norteamericana, el Departamento de Estado tampoco puede darse por enterado de semejante transgresión.

Los roles deben resguardarse: los diplomáticos que negociaban la paz en los Balcanes (y los había norteamericanos y argentinos) no podían estar, al mismo tiempo, pertrechando a uno de los ejércitos beligerantes.

Si hubo una solicitud de esa naturaleza, Menem debió gestionar una comunicación reservada, ante el Gobierno y ante la Corte Suprema de Justicia, de quien era presidente norteamericano en aquel momento, George Bush, precisamente el padre del actual jefe de la Casa Blanca.

Los primeros decretos secretos que firmó Menem para vender armas al exterior, que terminarían luego en Croacia, son de 1991; Bill Clinton asumió en 1992.

Lo cierto es que cualquier aceptación extraoficial de los Estados Unidos se torna ahora más difícil tras el rechazo oficial del Departamento de Estado a las afirmaciones de Menem en el programa "Sábado Bus".

Ritmo inusual

El caso del ritmo que el juez Urso imprimió en las últimas horas a la investigación es llamativo.

Si no fuera porque el magistrado dejó todas las huellas necesarias para señalar que no quiere quedarse sin la causa, hasta podría pensarse que está buscando una recusación.

En efecto, es un dato conocido en los tribunales que Urso nunca citó al ministro Domingo Cavallo (que también firmó los decretos de Menem) porque el trámite hubiera caído inmediatamente de sus manos.

Cavallo ya recusó en otras causas a Urso y lo denunció en su momento como un juez dependiente de los funcionarios menemistas.

Las decisiones que tomó desde el lunes último podrían vulnerar la correcta aplicación del principio de la defensa y las garantías constitucionales de un juicio justo.

Ayer mismo, Urso notificó a Balza de su detención sin escuchar su testimonio; la declaratoria de un acusado ante el juez sirve a éste en su investigación, pero también garantiza la defensa del inculpado.

Es obvio que el magistrado tenía una decisión tomada, que no la sometió ni siquiera al cuidado de las formas.

Mucho peor fue haber adelantado en un mes y seis días la declaración de Menem.

Cuando lo citó a declarar, dio un plazo de dos meses para que el ex presidente y sus abogados conocieran un expediente que tiene más de 100 tomos.

Ese trabajo se debió llevar a cabo ahora -si es que alguien lo hizo- en menos de tres días.

Un cambio tan brusco en las reglas del juego de la Justicia afecta necesariamente las garantías constitucionales, sobre todo cuando está en juego la libertad de las personas.

Menem no se reconcilió con la opinión pública desde que abandonó el poder y, entre las luces y sombras de su gestión, quedó la imagen de un gobierno lleno de funcionarios que cometían actos de corrupción.

Lo que corresponde

Pero le corresponde, con todo, el pleno ejercicio del derecho a la defensa y a un juicio justo, más allá de las repercusiones mediáticas y de la tendencia de los jueces a caer postrados ante ellas.

No hay explicación que pueda eludir a la historia y gran parte de los padecimientos actuales del menemismo radica en su decisión política de nombrar jueces propios, aunque no contaran con los antecedentes necesarios.

Cuando Carlos Arslanian, que se fue como ministro de Justicia en 1992 en disidencia con esas prácticas, tuvo un último y premonitorio diálogo con el entonces Presidente: "Tus amigos quieren nombrar jueces amigos. Pero tené en cuenta lo que te digo: estos serán los primeros en clavarte un puñal por la espalda", le dijo.

Menem lo escuchó y le respondió, con la mirada huidiza: "Sí, es posible".
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