Guatemala: 30 años de prisión para asesinos de obispo Gerardi

El Tribunal Tercero de Sentencia de la capital guatemalteca encontró a los tres militares y un sacerdote como responsables del delito de "ejecución extrajudicial" del obispo Juan Gerardi. El tribunal absolvió a la empleada doméstica del religioso, Margarita López, acusada por la fiscalía de encubrimiento.

08 de Junio de 2001 | 10:15 | AFP
GUATEMALA.- Un tribunal guatemalteco condenó este viernes a 30 años de prisión a tres militares y un sacerdote por el asesinato del obispo Juan Gerardi, el 26 de abril de 1998, y absolvió del delito de encubrimiento a su empleada doméstica.

El Tribunal Tercero de Sentencia de la capital guatemalteca encontró a los militares y el sacerdote como responsables del delito de "ejecución extrajudicial", por lo cual fueron condenados a la pena máxima de 30 años.

El tribunal determinó que el móvil del asesinato fue político y que los militares decidieron asesinarlo porque el 24 de abril había dado a conocer un informe sobre las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado de 36 años que concluyó en diciembre de 1996, en el que responsabilizó de esas violaciones principalmente al ejército.

Los condenados son el sacerdote Mario Orantes, al que se le redujo la pena de prisión a 20 años, el coronel (r) Disrael Lima Estrada, de 60 años de edad; su hijo, capitán Byron Lima Oliva (31); el ex sargento militar Obdulio Villanueva (36). En el caso de Orantes, la calificación de "cómplice" y no de "coautor" valió para la rebaja de un tercio en su condena.

El tribunal decidió absolver a la empleada doméstica del religioso, Margarita López (61), acusada por la fiscalía de encubrimiento.

Gerardi, un defensor de los derechos humanos, fue brutalmente asesinado la noche del 26 de abril de 1998 en la casa cural de su parroquia, con golpes de objetos contundentes que le destrozaron la cabeza.

Según la resolución, "el tribunal determinó que los militares son coautores del delito de ejecución extrajudicial cometido en contra de monseñor Gerardi, por lo que se les impone 30 años de prisión inconmutables y el sacerdote Mario Orantes encuadra en la figura de cómplice en el delito de ejecución extrajudicial y se le sentencia a 30 años de prisión con una reducción en la tercera parte de la pena para un total de 20 años inconmutables".

El tribunal también indicó que "en relación a la acusada Margarita López, se determinó que durante el debate no se encontró nada que probara su culpabilidad en el delito de encubrimiento por lo que se absuelve y se ordena su inmediata libertad".

La audiencia comenzó a las 04H30 locales (10H30 GMT), con casi cinco horas de retraso, y la secretaria del tribunal leyó la sentencia durante una hora.

El crimen de Gerardi generó un clamor internacional para establecer la verdad, incluido el Papa Juan Pablo II, quien hace tres semanas se pronunció sobre el tema y exaltó la labor social que realizó el obispo guatemalteco.

El tribunal consideró "que el delito de ejecución extrajudicial se sustenta en el móvil político del crimen porque los procesados conocían y adveraban el informe 'Recuperación de la Memoria Histórica' trabajado por monseñor Gerardi, donde se narran y denuncian las peores violaciones a los derechos humanos" cometidas durante la guerra entre el ejército y la guerrilla izquierdista.

Asimismo el tribunal indicó que monseñor Gerardi "era sujeto de vigilancia y seguimiento por parte de inteligencia militar, cómo lo narraron varios testigos" y cómo lo reconoció el indigente Rubén Chamax quien declaró haber sido contratado por Lima Estrada para controlar la salida e ingresos de monseñor Gerardi a la casa cural de la iglesia San Sebastián.

El tribunal señaló que la forma de "coautoría de los tres militares responde a que planificaron y contribuyeron a la ejecución" y "en el caso de Orantes porque también contribuyó en la planificación y en no denunciar el hecho para permitir la alteración de escena del crimen, lo que lo convierte en cómplice".

El tribunal guatemalteco ordenó a la fiscalía continuar las investigaciones para encontrar al autor material del hecho y ordenó abrir proceso penal contra varios militares que podrían estar implicados como cómplices o facilitadores del crimen.

Unas 200 personas que se encontraban en la sala judicial, en su mayoría religiosas y activistas de derechos humanos, recibieron con satisfacción el veredicto del juicio que había iniciado el pasado 23 de marzo.
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