Gobierno argentino acusa a francotiradores por incidentes en norte del país

Hoy fueron detenidos unas 17, que intentaban bloquear una ruta nacional en la provincia de Salta, donde el domingo hubo graves incidentes con grupos de desempleados, que causaron dos muertos y 36 heridos, informó el gobierno.

18 de Junio de 2001 | 11:02 | AP
BUENOS AIRES.- La Gendarmería Nacional detuvo el lunes a unas 17 personas, que intentaban bloquear una ruta nacional en la provincia de Salta, donde el domingo hubo graves incidentes con grupos de desempleados, que causaron dos muertos y 36 heridos, informó el gobierno.

Las detenciones se produjeron en las proximidades de la localidad de General Mosconi, a unos 1.650 kilómetros al norte de Buenos Aires. La ruta quedó liberada el domingo, luego de 20 días de bloqueo por parte de "piqueteros", como se denomina a los desempleados que reclaman puestos de trabajo y ayuda gubernamental.

Los "piqueteros" se replegaron hacia General Mosconi y seguían hostilizando a los gendarmes, disparándoles piedras con hondas, dijo un informante oficial.

El gobierno nacional, el gobierno provincial de Salta y el juez federal Abel Cornejo, acusaron a supuestos francotiradores ocultos en los bosques que flanquean a la ruta 34 por los sangrientos incidentes del domingo. Sostuvieron que tendieron una emboscada a los gendarmes.

A su vez dirigentes sindicales culparon a las autoridades nacionales y provinciales de los episodios, por haber ordenado el desalojo de los piqueteros.

Hugo Moyano, secretario del sector "combativo" de la escindida Confederación General del Trabajo (CGT), manifestó que "esto demuestra que este modelo económico nos lleva a una situación desesperante, con riesgo de entrar en una guerra civil".

Los muertos fueron alcanzados por disparos cuyo origen no se determinó. De los heridos, 24 son gendarmes y el resto civiles.

La zona donde ocurrieron los incidentes fue antaño una región próspera por la explotación del petróleo. Pero en la pasada década la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), al ser privatizada, redujo sustancialmente sus actividades y miles de personas quedaron desempleadas. Desde entonces se convirtió en un foco de descontento social, que en noviembre pasado ya había provocado graves disturbios.

El corte de la ruta 34 se produjo cerca de las localidades de Tartagal y General Mosconi, a unos 100 kilómetros de la frontera con Bolivia.

El secretario de seguridad, Enrique Mathov, informó el lunes que por orden del juez Cornejo unos 250 gendarmes, con escopetas que disparan balas de goma, llegó en la mañana del domingo al paraje donde estaba bloqueada la ruta.

Según Mathov, los gendarmes con chalecos antibalas fueron recibidos a pedradas por los piqueteros, mientras que desde las zonas boscosas, supuestos francotiradores hacían fuego sobre los agentes de seguridad.

Unos 24 gendarmes sufrieron heridas, uno de ellos de gravedad.

"Fue una emboscada. Ha sido un episodio muy grave, que todavía no terminó, pues hoy (lunes) se repitieron los disparos desde el monte", dijo Mathov.

Ante la agresión, agregó el secretario, la Gendarmería envió mas agentes, esta vez con su armamento reglamentario. Esta mañana había cerca de 1.000 gendarmes (policía de fronteras) en la zona de Tartagal y General Mosconi.

Una asesora del gobernador de Salta declaró a Radio Mitre que los supuestos francotiradores pertenecen a grupos políticos que no quieren la democracia y que aprovechan el descontento social para mezclarse con los "piqueteros". Los identificó como ligados al Partido Obrero, una pequeña organización trotzkista.

El juez informó a la prensa que dio orden a la Gendarmería de desalojar a los "piqueteros" de General Mosconi, al recibir informaciones de que proyectaban tomar una refinería petrolera próxima, donde existen grandes depósitos de combustibles.

Cornejo dijo estar sorprendido por la capacidad de fuego de los francotiradores. Portavoces gubernamentales recordaron que en noviembre pasado grupos de manifestantes asaltaron dependencias policiales y judiciales en Tartagal, apoderándose de abundante armamento allí depositado.

El obispo católico de la diócesis de Orán, monseñor Jorge Lugones, dijo que los gobiernos nacional y provincial tenían conocimiento de la presencia de "sediciosos" en la zona, pero que no hicieron nada para neutralizarlos.
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