Defensa de Menem inicia ofensiva legal en tribunales

Los abogados defensores de Carlos Menem se lanzaron al ataque este jueves presentando un escrito en el que cuestiona el argumento de "asociación ilícita" que utilizó el juez federal Jorge Urso para detenerlo dos semanas atrás.

21 de Junio de 2001 | 17:35 | Reuters
BUENOS AIRES.- La defensa del ex Presidente argentino Carlos Menem se lanzó al ataque este jueves presentando un escrito en el que cuestiona el argumento de "asociación ilícita" que utilizó el juez federal Jorge Urso para detenerlo dos semanas atrás.

Menem guarda prisión domiciliaria bajo el cargo de ser el jefe de una banda de funcionarios que traficó armas a Ecuador y Croacia durante la primera etapa de su gobierno, que en total duró de 1989 a 1999.

"Presentamos el escrito ante el juez Urso", dijo a Reuters una integrante de la defensa. "Se cuestionó la figura de asociación ilícita, pues es algo que no puede existir en un gobierno y un presidente no puede encabezar una organización así".

Urso se encuentra estudiando la situación procesal de Menem para definir en los próximos días si lo procesa, lo sobresee o dispone la falta de mérito para su detención.

Este es el segundo ataque de la defensa desde que el ex mandatario fue detenido. La semana pasada presentó un escrito cuestionando la participación del fiscal de la causa, Carlos Stornelli. El trámite cumplido por los abogados Mariano Cavagna Martínez y Oscar Roger no implica un cambio en la situación legal de Menem.

En la causa por la venta de armas también están detenidos un ex ministro de Defensa de su gobierno, Erman González; el ex jefe del Ejército, Martín Balza; y el ex asesor presidencial, Emir Yoma. Menem y cuatro de sus ministros firmaron entre 1991 y 1995 varios decretos autorizando una venta de armas a Venezuela y Panamá que fueron desviadas a Croacia y Ecuador.

El juez no ha citado al actual ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien durante parte del gobierno de Menem ocupó el mismo cargo y también firmó los decretos. Según analistas, es difícil demostrar judicialmente que todo un gobierno democrático puede constituir una asociación ilícita, delito por el que la ley contempla una pena de prisión de entre cinco y 10 años para su líder.
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