Perú también conforma "Mesa de Diálogo" de DD.HH.

A raíz de la violencia guerrillera y la auspiciada por el propio Estado, el gobierno peruano informó este viernes que ordenará la conformación de una mesa de diálogo que investigará las violaciones a los derechos humanos durante los últimos veinte años ocurridas en el país.

06 de Julio de 2001 | 17:04 | Reuters
LIMA.- Perú designó este viernes a siete personalidades que integrarán una "comisión de la verdad" que investigará violaciones a los derechos humanos en dos décadas de acciones guerrilleras y la violencia auspiciada por el Estado.

La comisión, siguiendo los pasos de países como Argentina, Chile y Guatemala, investigará hechos vinculados a la lucha contra la guerrilla que dejó en Perú 30.000 muertos y 4.000 personas desaparecidas entre 1980 y 2000.

"Se espera que ésta comisión contribuya al esclarecimiento de estos hechos (...) pero también promover la acción de la justicia y la reparación civil", dijo a la prensa el ministro de Justicia, Diego García Sayan.

El funcionario anunció que el rector de la Universidad Católica de Perú, Salomón Lerner, será el presidente de la comisión, integrada además por otras seis personalidades. La instancia investigará casos vinculados a la lucha contra la guerrilla durante tres gobiernos: el del conservador Fernando Belaúnde, el del socialdemócrata Alan García y el del liberal Alberto Fujimori.

La matanza de 15 civiles en 1992, entre ellos un niño, en un barrio de Lima, es uno de los casos más graves de violación a los derechos humanos durante la década en el poder de Fujimori, destituido en noviembre por el Congreso tras un escándalo de corrupción, según denuncias.

En el gobierno de García (1985-1990), según denuncias e investigaciones en el Congreso, el mayor caso de violación a los derechos humanos se registró en 1986, cuando las fuerzas de seguridad sofocaron un motín de rebeldes presos en una isla con un total de 156 muertos, según cifras militares.

Sin embargo, otras investigaciones calculan que los muertos en el penal superarían los 400. En el gobierno de Belaúnde (1980-1985), la masacre de siete periodistas y su guía en 1983 fue atribuida a campesinos en un informe oficial, alegando que los confundieron con rebeldes.
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