Fujimori dice "no me equivoqué al quedarme en Tokio"

La declaración de Fujimori, hecha desde una página web que lanzó la pasada semana para defenderse de acusaciones, se difunde dos días después de que un juez lo declarara reo ausente tras una denuncia por abandono de cargo.

04 de Agosto de 2001 | 16:28 | Reuters, AP
LIMA.- El ex Presidente de Perú, Alberto Fujimori, dijo el sábado desde Japón que fue él quien renunció a su cargo, por lo que no puede considerarse un Presidente destituido, y que no se equivocó al decidir quedarse en Tokio.

La declaración de Fujimori, hecha desde una página web que lanzó la pasada semana para defenderse de acusaciones, se difunde dos días después de que un juez lo declarara reo ausente tras una denuncia por abandono de cargo.

"Mi renuncia fue presentada de acuerdo a (...) la Constitución. Fui por consiguiente un Presidente renunciante, no depuesto", dijo Fujimori.

El ex Mndatario permanece refugiado en Japón amparado en su doble nacionalidad desde noviembre, tras detonarse el mayor escándalo de corrupción de este país, provocado por su ex asesor, Vladimiro Montesinos, y que acabó con una década en el poder (1990-2000).

"Por razones que en su momento haré conocer, decidí entonces quedarme en Japón, tierra de mis padres, donde me han acogido amistosamente", dijo Fujimori.

Japón se ha negado a su extradición alegando que no existe un acuerdo con Perú en este sentido.

El juez José Luis Lecaros, que hace dos días declaró cursadas las órdenes de captura contra Fujimori, aclaró el sábado que éstas serán giradas "en el momento oportuno".

"Tenemos que evaluar si realmente esta orden de captura va a hacerse efectiva, si el gobierno japonés va a permitir que eso se efectivice (...) Si la vocalía considera que esto no es posible, esta orden de captura se emitirá (...) cuando vengan otras denuncias por delitos más graves y se emitirá una orden de captura conjunta por todo", dijo Lecaros a periodistas.

El ex Presidente envió su renuncia vía fax desde Tokio, y el Congreso lo destituyó por "incapacidad moral", dando paso a un gobierno transitorio encabezado por Valentín Paniagua, que entregó la presidencia el pasado sábado al economista Alejandro Toledo.

"No me equivoqué al decidir quedarme en Tokio. El proceso de transición con todos los avatares políticos se pudo completar finalmente", agregó Fujimori en su página web.

Investigaciones en curso

Las autoridades peruanas intentan devolver a Lima a Fujimori, de 63 años, para que también responda por cargos de corrupción.

Fujimori enfrenta además una denuncia por violación de los derechos humanos que espera la aprobación del Congreso para ser efectiva, con el cargo por el delito de "lesa humanidad" en relación al asesinato de 15 personas en 1991 por un escuadrón de la muerte.

La cancillería peruana, por su parte, dijo el viernes que enviaría a Japón una carta expresando su "preocupación" ante la actitud del gobierno de aquel país por considerar como japonés a Fujimori.

Por otro lado, la Fiscal de la Nación, Nelly Calderón, ordenó el viernes abrir investigación contra Fujimori y 22 congresistas y ex legisladores por enriquecimiento ilícito y ordenó el levantamiento de su secreto bancario tras la declaración ante un juez de Montesinos.

Según Montesinos, Fujimori habría ordenado pagar a ex congresistas para "reunir mayoría absoluta en su bancada parlamentaria a fin de controlar las decisiones del máximo poder del Estado".

El ex asesor de Fujimori fue capturado en junio en Venezuela y expulsado a Perú, donde permanece en prisión en una base naval de Lima y enfrenta acusaciones por enriquecimiento ilícito, corrupción, lavado de dinero, narcotráfico, tráfico de armas, peculado, extorsión y violación a los derechos humanos.

Investigarán a Fujimori por enriquecimiento ilícito

La Fiscalía ordenó el levantamiento del secreto bancario y tributario del ex Presidente Alberto Fujimori y de 24 ex congresistas que serán investigados por haber recibido, presuntamente, dinero del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos para apoyar en el Congreso al ahora destituido Fujimori.

Asimismo serán investigados el ex presidente del Congreso Víctor Joy Way y las actuales legisladoras Martha Chávez, Luz Salgado y Carmen Lozada, todos fujimoristas, quienes habrían recibido dinero de Montesinos para financiar sus campañas electorales el año 2000.

Todos los involucrados serán investigados por la supuesta comisión de delitos de corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito y peculado.

Fujimori será investigado por el manejo constante de dinero del Estado, con el cual habría incrementado su patrimonio personal y familiar.

Según informó el sábado el diario oficial El Peruano, la fiscal Nelly Calderón dispuso esas medidas después que Montesinos declaró ante el juez anticorrupción, Saúl Peña, que entregó dinero, proveniente del tesoro público, a dichas 28 personas.

De acuerdo con la versión, en una resolución la Fiscalía dijo que Fujimori, según Montesinos, habría ordenado el pago en efectivo a los entonces legisladores debido a su interés en asegurar la mayoría en el Congreso, para controlarlo.

La alianza Perú 2000 de Fujimori, en las elecciones del 2000 logró solo 52 de los 120 pupitres del Congreso unicameral, y para controlarlo precisaba de al menos 61.

El juez Peña anteriormente dijo que Montesinos declaró que a los 24 congresistas tránsfugas les pagó a cada uno entre 5.000 y 50.000 dólares, u otros beneficios patrimoniales, por una sola vez, para abandonar a sus partidos políticos de origen y pasarse a la bancada fujimorista.

Según un documento de la Corte Superior de Justicia de Lima, distribuido a la prensa por el Congreso, Montesinos dijo al juez Peña que entregó 20.000 dólares, por una sola vez, a las congresistas Chávez, Salgado y Lozada, para su campaña electoral del año pasado.

De acuerdo con el documento las entregas de dinero se realizaron en el local del Servicio de Inteligencia Nacional, del cual Montesinos era jefe de facto durante el gobierno de más de diez años de Fujimori, que comenzó en 1990.

Las congresistas Chávez, Salgado y Lozada dijeron, por separado, que las medidas adoptadas por la Fiscalía son parte de una persecución política.
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