QUITO.- El gobierno de Ecuador inició el lunes una nueva cruzada en busca de apoyo para su proyecto de reforma fiscal, dirigido a reordenar las cuentas estatales y aminorar la carga de la deuda pública del país.
La iniciativa del ejecutivo busca aplicar, con base en los crecientes recursos petroleros, una política efectiva de reducción del endeudamiento estatal, hasta que su saldo equivalga al 40% del producto interno bruto (PIB), según las metas establecidas en el proyecto de ley entregado a Reuters.
La deuda externa del gobierno ecuatoriano representa actualmente el 63,6% del PIB ó 11.258 millones de dólares.
"Se hace necesario poner restricciones legales al déficit y al endeudamiento. Esperamos que a finales de septiembre podamos enviarlos (los proyectos) al Congreso", dijo a los periodistas el ministro de Economía, Jorge Gallardo.
"Esta es una reforma estructural. Es construir un nuevo marco legal que dé paso a una institucionalidad permanente", agregó al defender el proyecto que es parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Ecuador intenta así forjar un escudo petrolero que lo proteja de crisis futuras, similares a la que enfrenta desde hace tres años y que lo arrastró incluso a la cesación de pagos de sus bonos Brady y Eurobonos en 1999.
Petróleo, fuente de estabilidad
El objetivo de reducir el peso de la deuda se concretaría a través de la aprobación, por parte del congreso unicameral, de dos proyectos que apelan a la creación del Sistema de Fondos Petroleros (SFP) y la vigencia de la Ley de Disciplina y Prudencia Fiscal.
En el plan se contempla que el SFP se alimentaría con la totalidad de los recursos generados por la venta del petróleo estatal que se transportará por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), que comenzará a operar en el 2003.
El OCP transportaría 100 millones de barriles al año, de los cuales el 20% correspondería a la participación estatal que colocaría en los mercados extranjeros a un precio promedio de 16 dólares por barril, explicó Gallardo.
Así, el SFP manejaría ingresos anuales en el orden de los 320 millones de dólares, que se canalizarían a través de dos instrumentos financieros.
El 80% de estos recursos se destinaría para el Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros y Recompra de la Deuda Externa (FEP).
El FEP acumularía como máximo hasta el 2,5% del PIB para cubrir eventuales desfases en los ingresos presupuestarios. Los excedentes se destinarían para recomprar la deuda interna y externa.
El restante 20% iría al Fondo de Ahorro (FA), un mecanismo de acumulación de activos financieros que se utilizará cuando se extinga la producción de los campos de crudo pesado.
Los rendimientos anuales de los activos adquiridos por el FA financiarían proyectos sociales.
Nuevas reglas fiscales
El proyecto gubernamental contempla la aplicación de nuevas reglas para la caja fiscal a fin de disciplinar la gestión de los recursos públicos y facilitar el proceso de descentralización administrativa y de competencias a los organismos seccionales.
A través del proyecto de Ley de Disciplina y Prudencia Fiscal se incluiría la figura del superávit estructural, que mediría la solvencia del sector público.
El Ministerio de Economía calcularía anualmente el ingreso estructural, que incluiría los ingresos corrientes totales del presupuesto general del Estado, sin incorporar efectos cíclicos positivos o negativos.
Sobre la base de esta proyección, se determinarían los gastos totales del presupuesto estatal.
El gobierno de Quito espera registrar un superávit equivalente al dos por ciento del PIB, producto de la diferencia entre los ingresos estructurales y los gastos totales.
La propuesta busca eliminar igualmente las preasignaciones presupuestarias, fondos destinados a entidades públicas y privadas, que atan el 12,4% de los ingresos corrientes del presupuesto ecuatoriano.
