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Impugnan "déficit cero" en Argentina

Recursos de organismos defensores de los derechos humanos fueron presentados en representación ante jueces de los fueros laboral, de la seguridad social y contencioso administrativo, para que se declare inconstitucional la medida de ajuste del gobierno trasandino.

04 de Septiembre de 2001 | 12:58 | AP
BUENOS AIRES.- Siete organismos defensores de los derechos humanos se presentaron hoy ante la justicia para pedir se declare la inconstitucionalidad de la llamada ley de déficit cero en las cuentas fiscales, elaborada por el Presidente Fernando de la Rúa y su ministro de Economía Domingo Cavallo.

En su presentación las organizaciones alegaron que la ley "viola de manera palmaria el principio de legalidad", ya que su implementación se realiza rebajando salarios estatales y jubilaciones, con lo que se vulneran los derechos económicos y sociales de los sectores más desprotegidos.

Ante la grave crisis económica y financiera que afecta a la Argentina, que tornó inalcanzable el crédito por las altísimas tasas de interés, el gobierno logró que el Congreso aprobara el 30 de julio una ley que dispone que el Estado solamente gastará los fondos que ingresen por la recaudación fiscal, es decir que observará el déficit cero.

Para cumplir con ese objetivo, se rebajaron en un 13% los salarios del personal estatal y las jubilaciones. El gobierno advirtió que esa reducción será mayor en el futuro, si no aumenta la recaudación.

La delegación que esta mañana presentó los recursos judiciales estaba formada por la Línea Fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, las Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, el Servicio de Paz y Justicia y los Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas.

Los recursos presentados fueron en representación de más de mil personas afectadas por los recortes, ante jueces de los fueros laboral, de la seguridad social y contencioso administrativo.

"La ley es manifiestamente injusta en tanto vulnera los derechos económicos y sociales de aquellos sectores que deben ser especialmente resguardados en momentos de crisis económica, en virtud de su vulnerabilidad. La distribución inequitativa de las cargas públicas se encuentra en abierta contradicción con el derecho a la igualdad y a la no discriminación", expresaron los organismos de derechos humanos.
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