BOGOTA.- El alto comisionado para la paz de Colombia y un líder de la principal fuerza guerrillera izquierdista se reunieron el viernes en un intento por reactivar los diálogos, pero los rebeldes insistieron que no regresarán a la estancada negociación.
El encuentro entre el comisionado Camilo Gómez y el negociador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl Reyes, se cumplió en medio de un enclave de 42.000 kilómetros cuadrados del sur del país, cuyo control cedió el gobierno a los rebeldes a finales de 1998.
La guerrilla advirtió que una eventual ruptura de la negociación de paz será responsabilidad exclusiva del gobierno del presidente Andrés Pastrana, quien en las últimas semanas endureció su discurso y su posición ante las FARC, a las que les exigió comenzar a negociar un cese al fuego.
La advertencia de la guerrilla, que se produce en medio de temores de una ruptura de la negociación y de una agudización de la guerra interna, fue hecha por el máximo jefe de las FARC, Manuel Marulanda, alias "Tirofijo" en una misiva a Pastrana.
"Si en esta ocasión la lucha por la paz con justicia social y soberanía se ve frustrada por las imposiciones será responsabilidad exclusiva del gobierno y del Estado que usted lidera", precisó la misiva leída a periodistas por Reyes.
El nuevo escollo en el proceso de paz surgió el 17 de octubre cuando las FARC condicionaron su regreso a las reuniones a que el gobierno suspenda las operaciones militares en los alrededores del enclave que controlan, así como los sobrevuelos en la zona.
Gobierno endureció posición y quiere cese al fuego
Pero el gobierno de Pastrana, acusado de hacer demasiadas concesiones a la guerrilla a cambio de nada, advirtió que no suspenderá las operaciones militares en los alrededores de la zona, que equivale a dos veces el tamaño de El Salvador.
El congelamiento surgió días después de que Pastrana prorrogó por décima vez y hasta el próximo 20 de enero la vigencia de la zona de sabanas y selvas que sirve de sede a las lentas negociaciones que se iniciaron en enero de 1999 y que hasta el momento no han dado ningún resultado concreto.
El presidente extendió la vigencia del enclave luego que el 5 de octubre las FARC y el gobierno firmaron el acuerdo de San Francisco que salvó la negociación que estuvo a punto de romperse después del secuestro y posterior asesinato de la ex ministra de Cultura, Consuelo Araújo.
En ese acuerdo la guerrilla se comprometió a cancelar las capturas masivas de civiles en las carreteras y a iniciar de inmediato en la negociación la discusión del cese al fuego que incluye la suspensión de los secuestros y las extorsiones.
Pero las FARC advirtieron que los operativos militares no permiten continuar con la negociación a lo que el gobierno ha respondido que ese grupo rebelde, que cuenta con 17.000 combatientes, le tiene miedo a la paz.
Las gestiones de paz buscan poner fin a una guerra interna de 37 años que cobró la vida de 40.000 personas, sólo en la última década.
Además de la guerrilla y de las fuerzas militares, en la confrontación intervienen los escuadrones paramilitares de ultraderecha -Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)- que combaten a los rebeldes con violentos métodos.
Las fuerzas de seguridad acusan a las FARC de usar el enclave rebelde para esconder secuestrados, entrenar a sus combatientes, reclutar niños y traficar con drogas y armas. Además dicen que las FARC no quieren un cese al fuego porque perderían millonarios ingresos producto de secuestros.
Las FARC, el más pequeño Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las AUC figuran en la lista de organizaciones "terroristas" del departamento de Estado de Estados Unidos, que también endureció su discurso contra esos grupos desatando temores de una intervención.
